En los últimos años, se ha producido una gran proliferación de empresas dedicadas a la movilidad compartida en Barcelona, tanto de bicicletas como de motos eléctricas. Este servicio ha tenido una buena acogida entre los barceloneses y turistas, dado que supone una buena opción para desplazarse rápidamente a un bajo coste. Además, sus defensores consideran que se trata de una apuesta por la movilidad ecológica y sostenible, considerando que la gran mayoría funcionan a través de la propulsión eléctrica en vez de los carburantes tradicionales.
Ahora, estas empresas podrían ver truncado su negocio –del que destacan sus externalidades positivas—por los planes del gobierno de Ada Colau. La alcaldesa pretende crear una nueva tasa para estos servicios de vehículos compartidos, dirigida especialmente a las compañías de motosharing y bikesharing, y quiere limitar su presencia en la vía pública.
Preocupación por la moratoria
La concejal de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, explicó esta semana que la nueva medida prevé otorgar licencias de bikesharing y motosharing en la ciudad a un precio de 71,51 euros por vehículo y año, lo que también permitirá al Consistorio controlar el número de bicis y motos compartidas que circulan por la ciudad. El precio de las licencias “vendrá determinado por la creación de una nueva tasa por la ocupación del dominio público, incluida en las ordenanzas fiscales”, explica el ayuntamiento en un comunicado. Y añade que esta “restricción será temporal y revisable en función de cómo evolucione este sector de la movilidad y por tanto de la ocupación del aparcamiento”.
Fuentes del sector consultadas por este medio coinciden en señalar que lo que más temen es la moratoria que supondrá esta regulación, y no la tasa en sí, pese a que ven en ella un claro “afán recaudatorio”. Desde la plataforma de movilidad Smart Mobility –que agrupa hasta siete operadoras nacionales— afirman que “se sienten menospreciados” y que existe “preocupación” entre las diferentes compañías que se dedican a esta actividad.
Condicionados por la regulación
Según esta plataforma de reciente creación --entre las que se encuentran Ecooltra y Scoot--, la nueva regulación “condiciona el plan de negocio” de estas empresas de movilidad inteligente y sostenible. Creen que el número de licencias que establecerá el ayuntamiento será insuficiente, y afirman que el equipo de Colau lleva tiempo pensando dónde poner el límite, un dato que todavía no ha trascendido. Pese a que han tratado de negociarlo con los actores implicados, admiten que “seguramente el número quedará obsoleto al poco tiempo de establecerse”.
Hasta ahora, la normativa actual no limita la presencia de motos y bicis compartidas, por lo que muchas de estas empresas ya contaban con planes de expansión de negocios e inversiones en el sector. Las operadoras denuncian que sus planes se paralizarán por la decisión del equipo municipal, y supondrá la pérdida de una gran oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo y la reducción de la contaminación en la ciudad.
Malestar de las operadoras
Miguel Angel Martinez, CEO de Muving –dedicada al alquiler de motos eléctricas en diversas ciudades españolas—no oculta su malestar con la nueva iniciativa impulsada por el gobierno de Colau: “No podemos estar de acuerdo con esta medida porque es una forma de afectar económicamente a la iniciativa privada. En Muving lo hemos hecho sin demandar recursos públicos de las administraciones, haciendo una inversión económica con el objetivo de contribuir a la mejora de la movilidad urbana, descontaminar las ciudades, mientras rentabilizamos la inversión, y lo hacemos además creando puestos de trabajo. Con este tipo de medidas todos estos objetivos se pueden ver gravemente afectados”. Y matiza que “las bicicletas son de inversión municipal, pero el motosharing no”, en referencia a la necesaria instalación de nuevos puntos de anclaje donde aparcar las bicicletas ante el aumento de la oferta.
Motocicletas eléctricas de la empresa Muving
Actualmente esta empresa posee un total de 350 motos distribuidas por toda la ciudad, y reconocen que tenían planeado ampliar su flota próximamente. Otras operadoras, como Ecooltra, rebasan las 1.000 motocicletas, por lo que podrían quedar fuera del máximo establecido por el Consistorio.
Requisitos para obtener la licencia
Desde el gobierno municipal defienden que es necesario un marco regulador que “permita a los operadores explotar los sistemas de forma segura y estable” y “minimizar los impactos negativos (derivados de la ocupación del espacio público) de estos servicios”.
Las empresas estarán obligadas a utilizar los vehículos, cumplir los requisitos de sostenibilidad municipal, incorporar sistemas de geolocalización, retirar los vehículos inopertivos o averiados en menos de 24 horas, y poner a disposición del ayuntamiento los datos de uso del sistema en tiempo real para conocer "el grado de ocupación de la vía pública".
Se votará en el Pleno
Asimismo, la nueva ordenanza exigirá a las bicicletas a anclarse en los espacios habilitados en la vía pública para el estacionamiento de bicis. Además, para compatibilizar las bicicletas compartidas con las de uso personal, el gobierno de Barcelona en Comú propone un Decreto de Alcaldía para reservar estacionamientos para los vehículos particulares en aquellas zonas de la ciudad con mayor presión turística.
Pese a todo, Laia Ortiz reconoció que los vehículos compartidos comportan una serie de impactos positivos sobre las pautas de movilidad. Por ejemplo, contribuyen a reducir y renovar el parque de vehículos, ayudan a disminuir la contaminación atmosférica y acústica, e impulsa el uso de vehículos eléctricos.
De momento, la medida tendrá que esperar hasta que el próximo pleno de noviembre se posicione sobre la misma. La oposición truncó los planes iniciales del gobierno municipal después de que Cs, PP y la CUP optaran por hacer reserva de voto en la comisión de Economía y el PDeCAT votara en contra.