Si no hay marcha atrás y el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador --conocido por su acrónimo de AMLO--, cumple su palabra de descartar el proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM), la constructora española FCC quedará muy tocada.
Son casi 600 millones de euros los que están juego para la compañía controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, el equivalente al 14,3% del presupuesto para construir la terminal del que iba a ser nuevo aeródromo de la capital azteca. Una obra que fue adjudicada en enero de 2017 por casi 4.000 millones de euros.
12% de la cartera de construcción
Teniendo en cuenta que la actual cartera de construcción de FCC se eleva a cerca de 4.700 millones de euros, la rescisión del contrato del nuevo aeródromo del Distrito Federal supondría reducir en un 12% el monto de ese 'portfolio', y en casi un 2% los 30.100 millones que, hasta junio, sumaba el conjunto de la cartera del grupo.
La participación de FCC en este proyecto vino de la mano del propio Slim, quien, de cara a engordar esa cartera, está tratando de incorporar a la constructora española como socio de algunos de los grandes proyectos liderados por Grupo Carso, la matriz de su holding de infraestructuras y construcción.
Una pista del aeródromo, por 400 millones
No era la primera obra que FCC, de la mano del holding que capitanea Slim, se adjudicaba en el macroproyecto del nuevo aeropuerto. En octubre de 2016, este grupo también se había hecho con la construcción de una de las seis pistas del nuevo aeródromo por casi 400 millones de euros.
Dos macrocontratos que se quedan por el camino, salvo que, a última hora, López Obrador, a la vista de las grandes presiones que está recibiendo, decida cambiar de opinión.
Consulta ciudadana avala un aeropuerto más barato
En principio, el proyecto ya ha quedado descartado a un mes vista de que el presidente electo tome posesión del cargo el próximo 1 de diciembre, tras la consulta ciudadana, llevada a cabo entre el 25 y 28 de octubre, en la que participaron 1,7 millones de mexicanos.
Solo el 30% respaldó continuar con el proyecto del nuevo aeropuerto, mientras que el 70% se decantaba por otra alternativa, la de construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.
"La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. El Gobierno federal, con esta decisión sabia, se va a ahorrar 100.000 millones de pesos (4.367 millones de euros)", aseguraba el presidente electo tras conocer el resultado de la consulta.
Obrador vincula la infraestructura con prácticas corruptas
El debate sobre el aeropuerto se convirtió en uno de los más polémicos desde que López Obrador se erigiera en aspirante a la presidencia. El político vinculaba la obra con la corrupción y los favoritismos empresariales por parte del actual Gobierno de Enrique Peña Nieto.
De momento, el proyecto sigue su curso hasta que el próximo 1 de diciembre López Obrador tome posesión como presidente de México. Hasta ahora, en los más de dos años transcurridos desde que se iniciaron las obras del nuevo aeródromo se ha producido un avance del 30%, y se han pagado unos 60.000 millones de pesos (unos 2.700 millones de euros), sobre un total de 12.500 millones de euros en los que inicialmente se presupuestó toda la infraestructura aeronáutica.
Conversaciones para la rescisión de los contratos
Sobre las inversiones ya realizadas, el nuevo presidente electo, que ya ha iniciado los contactos con empresas adjudicatarias, de cara a intentar llegar a un acuerdo en la rescisión de los contratos, ha abierto la puerta a que, en el futuro, puedan también participar en la construcción de la ampliación, para uso civil, del aeropuerto militar de Santa Lucía.
Además de FCC, en el consorcio liderado por Carlos Slim para ejecutar la terminal del nuevo aeropuerto también participan otras tres empresas españolas. Acciona, que sufriría el mismo impacto de 560 millones de euros que FCC, al contar con una participación del 14,3%, y Sacyr y Aldesa, con contratas de menor enjundia, entre 50 y 60 millones de euros.