El proyecto de mina de uranio que la empresa australiana Berkeley quiere explotar en Salamanca resulta de lo más estrambótico.
Todo parece de mentira. La empresa, sus acciones y hasta el mismísimo proyecto, que lleva más de una década merodeando por el campo charro sin arrancar, ni con pinta de que lo vaya a hacer. Pero poniendo los dientes largos a los parroquianos, con el gancho de la creación de miles de puestos de trabajo.
La licencia ni está ni se la espera
Ni tiene licencia urbanística ni autorización para su construcción. Y, para colmo de males, la llegada del nuevo Gobierno del PSOE ha acabado definitivamente por paralizar el proyecto, echando por tierra las ya escasas posibilidades que había de sacarlo adelante.
Apenas mes y medio después de tomar posesión de su cargo en junio de 2018, Teresa Ribera, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, recibía un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el que dejaba entrever serias dudas a la futura gestión de residuos nucleares en el proyecto propuesto por la australiana Berkeley en la localidad salmantina de Retortillo, a tiro de piedra de la frontera con Portugal.
Berkeley en el municipio salmantino de Retortillo / BERKELEY
Almacén encubierto de residuos radiactivos
Explicaba Seguridad Nuclear en dicho informe que Berkeley pretendía rellenar el hueco dejado por la mina con “estériles de la propia explotación y otros concentrados de mineral de uranio, procedentes de una instalación radiactiva del ciclo del combustible nuclear ubicada en otro emplazamiento". Algo que, según el CSN, supondría convertir ese hueco en un “almacenamiento definitivo de residuos radiactivos”. Motivo por el que decidía instar la paralización.
La propia ministra Ribera dejaba caer hace un mes en el Congreso que, a partir de ahora, sería el propio Gobierno el que tramitará la evaluación ambiental de la mina de Berkeley, tomando el testigo de la Junta de Castilla y León. Lo razonaba en base a que se trata de un asunto que puede afectar a la seguridad nuclear de España y también, en respuesta a los reparos mostrados por Portugal a que se acometa un proyecto de tales características junto a su territorio.
Explotación de la minería española de uranio / BERKELEY
A bolsa, a pesar de todo
A pesar del informe del CSN, los responsables de Berkeley no tuvieron el menor problema en sacar a bolsa la empresa. Y lo hicieron también de una manera especial.
Sin acciones emitidas ni con precio de salida, a través de la intrincada fórmula del listing, en la que no hay colocación expresa de títulos. Así, Berkeley se estrenaba en el parqué madrileño el pasado 18 de julio, con una subida de las acciones del 52%, aumentada hasta los 3,27 euros alcanzados el 7 de agosto. Pura ficción.
Las acciones apenas valen nada
Todo se debía a que no se trataba de un precio real. Para que lo fuera, faltaba la transferencia de los títulos cotizados en España desde la bolsa británica o australiana. Primero, debe producirse allí la liquidación y, después, solicitarse la conversión en euros al banco custodio y liquidarse, esta vez, en España.
Cuando estas anomalías se solventaron, la cruda realidad. Las acciones de Berkeley apenas valen nada. Caen sin parar todos los días. Desde los 2,52 euros por acción marcados el 10 de agosto, los descensos se suceden. Este martes, tras otro retroceso del 10,37%, los títulos se quedaban por debajo de 0,27 euros.
Pillar a los incautos inversores
Para lo único que sirvieron estos tejemanejes bursátiles fue para que algunos hicieran el negocio de su vida, comprando acciones de Berkeley en Londres y Sidney y vendiéndolas en España, a costa de los incautos que las compraron en nuestro país.
De seguir la pista a Ian Middlemas y a Paul Atherley, presidente y CEO de Berkeley, respectivamente, o a los directores no ejecutivos (Deepankar Panigrahi, Nigel Jones, Adam Parker o Robert Behets), se hallarían las respuestas a las incógnitas de este atípico proceder bursátil.
Trituradora para iniciar la construcción de una explotación minera / BERKELEY
Doce años de peripecias
Hasta llegar hasta aquí, las peripecias de los administradores que están detrás de Berkeley han resultado de lo más rocambolescas. Llegaban a España en 2006 en busca de alianzas y comprando concesiones.
Y ya en 2008, bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, firmaba un preacuerdo con la empresa estatal Enusa para llevar a cabo prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. El acuerdo se elevó a definitivo cuando, en abril de 2009, lo aprobó el Consejo de Ministros.
El precio del uranio, desplomado
Pero todo se vino abajo en marzo de 2011, cuando, tras el accidente nuclear de Fukushima, el precio del uranio de desplomó. Así, a principios de 2012, recién llegado a la Moncloa Mariano Rajoy, el Gobierno rompía el acuerdo con Berkeley al entender que el bajo precio del uranio haría imposible acometer los planes de viabilidad proyectados por la empresa australiana.
El revés no pareció afectar en exceso a la minera australiana, cuyos dirigentes siguieron moviendo los hilos a todos los niveles. Y así, a finales de 2012, anunciaba su intención de explotar la mina de Retortillo y, en julio de 2013, obtenía un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, previa a la concesión de explotación, por parte de la Junta de Castilla y León, en abril de 2014. El remate, en septiembre de 2015, cuando el Ministerio de Industria autorizaba el proyecto minero.
Berkeley se resigna a la evidencia
A partir de aquí, sendos supuestos acuerdos, como el alcanzado con la empresa Curzonc Resources, por el que esta empresa le compraría parte de la futura producción de uranio.
Y otro posterior, con el Sultanato de Omán, por el que, a cambio de invertir 100 millones, se convertiría en propietario del 37% de los derechos de explotación y de la futura producción de estas reservas españolas de uranio, con derecho preferente de compra de un millón de libras de uranio.
De todas formas, ante las dificultades para obtener los permisos, los responsables de Berkeley parecen resignarse a la evidencia. Este lunes, en su informe al cierre del tercer trimestre remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), asumían la necesidad de reducir costes por la incertidumbre sobre la concesión de la licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Retortillo.