La cúpula de la extinta Catalunya Caixa sigue defendiendo el aumento salarial que aprobó para sus directivos mientras la entidad era rescatada con millones de euros públicos.
Este martes ha declarado ante el juez de la Audiencia de Barcelona el ex director general de Catalunya Caixa Adolf Todó, quien se ha lavado las manos acerca de aquella decisión, al menos de forma parcial. En esta ocasión ha cambiado la versión que dio en fase de instrucción, para afirmar que no participó en la votación que, en enero de 2010, autorizó su aumento del sueldo fijo y variable. Un pequeño “matiz”, según ha desvelado.
El aumento salarial en Catalunya Caixa
En su declaración ha asegurado que el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra le pidió que abandonara la sala antes de tratar el aumento de sueldo –una reunión en la que también estaba el exdirectivo Jaume Massana—, y que cuando volvió a entrar ya se había “aprobado”: “Yo no estaba”.
En concreto, después del encuentro, el salario fijo de Todó subió 100.000 euros, hasta los 800.000 euros, mientras que su variable aumentó del 35% al 50%. En este punto, el exdirectivo también ha querido matizar que sólo cobró un 16% más en variable, un total de 128.000 euros más.
El Banco de España estaba al corriente de los sobresueldos
En cualquier caso, ha defendido, igual que hiciera Serra una semana atrás, que tanto el Banco de España como el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (Frob) conocían los incrementos de salario concedidos a la cúpula, por lo que ha defendido su "transparencia" en este asunto. Y no pusieron objeciones.
Imagen de archivo de Narcís Serra, expresidente de Caixa Catalunya
Otra cosa fue el segundo aumento de sueldo por el que se le juzga. Quedó aprobado el 13 de octubre, meses después de que el Frob inyectara 1.250 millones en la entidad. En aquella ocasión sí participó en la votación, que derivó en un incremento de 12.000 euros en el salario fijo, hasta los 812.501 euros –un 1,5% más justificado por el IPC y aplicado a todo el personal de la entidad, según él—.
Las pensiones de la cúpula de Catalunya Caixa
A pesar de aquella falta de competencias del Banco de España (BdE), Todó ha asegurado que si le hubiera “sugerido” revocar la subida de salario aprobada en enero de 2010, él lo habría hecho “rapidísimamente”, porque para él lo que decía el supervisor “era ley”. En esta línea, no puso “ningún problema” cuando el entonces subgobernador del BdE, Javier Aríztegui, le sugirió en una reunión que la política de pensiones e indemnizaciones de la cúpula de Catalunya Caixa era “un poco alta” y que debía “acotarla”.
Para contrarrestar la versión de la Fiscalía, que sostiene que esos aumentos salariales se abonaron cuando la situación de la entidad ya era crítica, ha asegurado que, antes de que el Frob inyectara 1.250 millones en la entidad, el Banco de España sostenía que el banco era “fundamentalmente sólido y solvente”, y que no presentaba “ninguna debilidad”.
Cobraba un 30% más
Todó, que tras la fusión entre Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona llegó a ser consejero delegado y presidente de Catalunya Caixa, ha admitido que al fichar por Caixa Catalunya su sueldo creció un 30% y que aceptó el reto, no porque fuera un “kamikaze”, sino porque creía que el proyecto de esta entidad era “muy sólido”.
Ha puntualizado sobre las pérdidas de la entidad en 2011 y 2012 que fueron principalmente por provisiones y saneamientos. Ha justificado el ERE que afectó a 1.300 trabajadores en 2010 fue por la reestructuración del sector bancario que quería impulsar el Frob para reducir el nivel de bancarización y el tamaño del sector y no porque la entidad estuviese "quebrada".
Asimismo, durante su declaración ha explicado que se enteró de que estaba siendo investigado por la prensa y se quedó “casi en estado catatónico" y escribió para quejarse al entonces ministro Luis de Guindos y al exgobernador del Banco de España Luis María Linde porque consideró que era inaudito.
Aumento "justo y legal"
En la sesión ha declarado también el exconsejero de Catalunya Caixa Joan Güell, que fue vicepresidente primero de la entidad y que ha explicado que le eligieron para formar parte del máximo órgano de gestión “en un sorteo entre los clientes” de la antigua Caja, y que él aceptó el cargo, pero que nunca le advirtieron de que tendría funciones ejecutivas. “Me piden cuatro años de prisión por haber tomado una decisión que creía que era justa y legal", ha declarado.
Güell también está acusado, como Todó, de dos delitos de administración desleal, por los que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel para cada uno.