Opel vive su propia crisis del diéselgate  desde la mañana de este lunes, cuando la Policía alemana ha confirmado un registro en las oficinas de la automovilística del grupo PSA en Rüsselsheim y Kaiserslautern. Buscaba indicios que confirmaran si la firma había o no desarrollado un software para alterar las emisiones reales de los motores diésel que comercializa. 

La Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania (KBA), organismo dependiente del Ministerio de Transporte germano, ha ordenado posteriormente la revisión de 100.000 vehículos diésel por sospecha de fraude en las emisiones. Según las pesquisas iniciales, estos dispositivos estarían instalados en unos 95.000 automóviles. El diario germano Bild señala que corresponderían a los modelos Insignia, Zafira y Cascada fabricados en los años 2012, 2014 y 2017.

Tres años del escándalo de Volkswagen

La fiscal alemana, Nadjia Niesen, ha confirmado en declaraciones a la misma publicación que el tribunal “investiga un posible fraude” que afectaría a la compañía. Si se llegar a confirmar, Opel seguiría los pasos de Volkswagen. Hace tres años que se demostró que el gigante de la automoción alemán camuflaba la contaminación real de los coches con este tipo de motor.

El escándalo saltó en EEUU y propició tanto la renovación de la cúpula del gigante alemán como el inicio de una investigación judicial que ha llevado a la imputación de altos cargos, además del pago de cuantiosas multas en varios países. De forma sectorial, ha propiciado una crisis sin precedentes en el diésel que ha llevado incluso a los gobiernos de varios países, entre ellos el español, a impulsar medidas legislativas para limitar su circulación.  

Porsche deja de fabricar diésel

Con todo, Volkswagen ha presentado cifras históricas de beneficios. No se ha cumplido la previsión más pesimista de que el diéselgate provocaría un hundimiento de la comercialización en todas sus marcas. El principal cambio en este sentido ha sido la decisión de Porsche de dejar de fabricar modelos con motores diésel que se anunció a finales de septiembre.

El diéselgate sí ha activado un debate sobre la necesidad de transformación de la industria automotriz. Desde los legislativos se busca acelerar el cambio de los vehículos de gasolina o diésel a los enchufables. La industria ya ha encendido las alarmas por los posibles efectos que tendrá en destrucción de empleo y en pérdida de poder productivo. Reclama que los objetivos de reducción de emisiones que se promueve desde Bruselas contemple una transición menos acelerada.

Opel ha confirmado en un comunicado la investigación por parte de la Policía alemana. Ha defendido que todos sus vehículos cumplen con la ley y ha confirmado que coopera "plenamente" con las autoridades de su país de origen.