José Antonio Ibáñez, cabeza visible de la inmobiliaria Urbas, en la que ejerce de presidente en representación de la sociedad Robisco Investments, mantiene en el limbo más absoluto a una sociedad que, como viene recordando su propio auditor Baker Tilly, se halla inmersa en “una incertidumbre para continuar como empresa en funcionamiento”.

Recordatorio recurrente de la empresa auditora para poner el énfasis en los sucesivos incumplimientos de los acuerdos de financiación pactados para devolver su deuda financiera, tanto a la Sareb como al resto de bancos acreedores.

Por si esto fuera poco, acaba de mantener un pulso con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por el que el supervisor bursátil pretendía reducir su cotización mínima a tan solo una milésima de euro, un caso similar al de Abengoa. 

Pulso a la CNMV

Un órdago que Urbas, a diferencia de la multinacional sevillana, lograba ganar, para mantener ese mínimo de cotización en una décima de euro en una junta de accionistas convocada de urgencia para evitar esta dilución.

Realmente, la situación cambia poco. De capitalizar por 6,88 millones de euros a hacerlo por 688.000 euros. Diferencia sustancial que lo único que hace es mantener de manera ficticia un valor que no se mueve en bolsa, y que ha quedado detenido en ese mínimo de 0,01 euros.

Ingresos de apenas 2 millones hasta junio

A la hora de la verdad, sus cuentas evidencian que la inmobiliaria en cualquier momento podría entrar en concurso de acreedores, por, como reconoce su propio auditor, su incapacidad para hacer frente a las deudas. Al cierre del primer semestre, solo ingresaba 1,72 millones por las ventas de suelos y 257.000 euros por las rentas de sus activos patrimoniales. Cantidades irrisorias que, al reducir los gastos financieros de 8,45 millones, dejaban unas pérdidas de 6,67 millones de euros.

A partir de aquí, como la propia Urbas reconoce en sus cuentas, buena parte de sus existencias están en prenda. Así, activos, con un valor contable de 207 millones de euros, están garantizados por préstamos hipotecarios con saldos pendientes de pago de 103 millones de euros.

Existencias en prenda y aplazamientos con Seguridad Social

Asimismo, existencias contabilizadas en el balance por un neto contable de 118 millones garantizan deuda cedida por Ibercaja, CaixaBank y Sabadell a favor de los fondos oportunistas, como Goya Debtco, Pirineos Investments y Larisa Inverpromo, por un principal más intereses pendientes de pago por importe de 60 millones de euros.

También asume Urbas un aplazamiento de pago sobre existencias con la Seguridad Social por 95.000 euros, cuyo valor neto asciende a 866.000 euros. Y, adicionalmente, el grupo inmobiliario presidido por José Antonio Ibáñez, tiene hipotecas vencidas por 82 millones de euros, algunas ya en fase de ejecución.

Acuerdo con Sareb por deuda de 40 millones

A esto habría que añadir, el agujero que Urbas mantiene con la Sareb, el banco malo presidido por Jaime Echegoyen y participado por el Estado, a través del Frob, con el 45%.

Urbas y Sareb alcanzaron, el 1 de marzo de 2017, un acuerdo para refinanciar el pago de una deuda de 40,3 millones de euros, estableciendo un calendario de pagos anual durante 8 años.

Impago de la primera cuota

No tardó mucho Urbas en saltarse el acuerdo. En septiembre de 2017 dejaba sin pagar la primera cuota de 3,6 millones. Y, aunque posteriormente, amortizaba parte de la misma, el impago puede suponer la pérdida de los beneficios de condonación recogidos en el acuerdo, con una quita importante, y el derecho de Sareb a resolver el contrato y exigir el pago total de los 40 millones.

En cuanto a las actuaciones realizadas pendientes de formalizar, Urbas se encuentra negociando deuda con BBVA y Santander, tenedores del 46% de la deuda vencida. La deuda que tiene contraída con BBVA se eleva a 29,5 millones y a 8,5 millones la que tiene con el Santander.

Estas negociaciones se han visto perturbadas por la apertura de diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional, en virtud de la querella criminal interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Urbas y contra los miembros de su consejo de administración, por un supuesto delito societario en una ampliación de capital no dineraria, al aportar activos a la sociedad por un valor muy superior al de mercado.