Un juez alemán ha ordenado la prohibición de la circulación de los vehículos diésel más antiguos por algunas de las calles de Berlín con el objetivo de mejorar la calidad del aire de la ciudad.
Al menos 11 tramos de carreteras que padecen los niveles más altos de óxido de nitrógeno (NOx) se verán afectados por la decisión de un tribunal de la capital.
Las emisiones
Berlín debe prohibir la circulación por algunas de las partes de la ciudad de aquellos vehículos que cumplen con los estándares de emisiones Euro 5 o más antiguos, señaló el tribunal en un comunicado, asegurando la capital germana no ha hecho lo suficiente para mantener la contaminación del aire dentro de los límites permitidos.
La normativa Euro 5 establece el límite de emisión de 180 miligramos de óxido de nitrógeno por kilómetro en el caso de los motores diésel y de 80 para los de gasolina. El año próximo entrará en vigor la Euro 6, que reduce el límite de contaminación.
Puede haber más prohibiciones
Más allá de las zonas afectadas, Berlín debe ahora analizar si necesita más prohibiciones en un total de 15 kilómetros de carreteras para reducir las concentraciones de NOx a un promedio de 40 microgramos por metro cúbico, explicó el tribunal.
Ciudades como Hamburgo ya han prohibido la circulación de los vehículos diésel más antiguos, y tanto Frankfurt como Stuttgart también se lo están planteando.
Toque a España
Precisamente ayer, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó remitir una carta al Ministerio de Transición Ecológica español para que aclare qué medidas está tomando el Gobierno para corregir la mala calidad del aire por contaminación por ozono en varias comunidades autónomas y pedir también a la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara que examine la situación.
El caso responde a la queja presentada por Ecologistas en Acción ante el Parlamento Europeo por lo que consideran "dejación de funciones" por parte de la Comisión Europea, que el pasado mayo optó por aparcar el expediente abierto contra España por no tomar medidas adecuadas y evitó así llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La organización reclama que se adopten de manera urgente los planes de mejora que exige la normativa comunitaria en 12 de las 17 comunidades autónomas españolas.