La gratuidad en el servicio que este miércoles llevan a cabo las empresas y conductores de vehículos de alquiler con conductor (VTC), agrupadas en Unauto VTC, junto con Uber y CabifyCabify, no ha sido bien visto por el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena.

En ese sentido, ha dirigido un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que aclare si es legal la prestación gratuita, ya que, entienden desde consistorio de la capital, podría "vulnerar determinados artículos de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y a los derechos de los consumidores".

Competencia desleal contraria a la buena fe

El Ayuntamiento dice que vulneraría esta ley si "como parecería ser el caso", la oferta estuviera "por debajo de los costes de realización de los servicios y se realizaran con el único propósito de proceder a la captación de viajeros mediante prácticas de competencia desleal, como conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado".

Por ello, el Consistorio ha solicitado al 'superregulador' que determine si la oferta de servicio gratuito de las VTC este miércoles "no cubre los costes del servicio que está ofertando", por entender que es asunto de competencia de esta comisión.

Ayuntamiento, adminitración competente

En el documento, que se ha dirigido desde el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, el Ayuntamiento aclara que hace esta petición teniendo en cuenta que es la Administración local "competente en la gestión del servicio del taxi," que propone anualmente la tarifa a aplicar.

En este sentido, recuerda que la licencia de autotaxi y la autorización VTC presentan las mismas características, dado son un transporte público, esto es, una actividad de transporte sujeta a autorización administrativa previa, a cambio de precio o un transporte discrecional de viajeros, no sujeto a itinerario, calendario ni horario prefijado.

Ambas actividades, misma realidad económica

Asimismo, destaca que se realiza en vehículos de tipo turismo, que es una actividad privada de interés público y que "tiene una trascendencia especial para la colectividad afectando a las necesidades de movilidad de los usuarios, a sus derechos como consumidores, la seguridad, al orden público y a la protección del medio ambiente y entorno urbano".

El Consistorio entiende que ambas actividades "son parte de una misma realidad económica" porque se "dirigen a usuarios que demandan servicios de transporte de viajeros en turismo de un punto a otro de la ciudad, denominados servicios puerta a puerta, es decir, viajes con origen o destino solicitado por el usuario".