Los vigilantes de seguridad privada han puesto en un brete a dos licitaciones públicas que se han lanzado en Tarragona. Ambas concesiones tienen un importe económico menor, pero la importancia para el sector es el fondo de lo que implica que hayan decaído. Se denunciaba el intrusismo profesional y los recortes en las retribuciones que se ofrecían, que los afectados tildan directamente de “bajas temerarias”.

El Ayuntamiento de Tarragona, a través del Patronato Municipal de Deportes, anuló a principios de mes la concesión pública que se había abierto para contratar la seguridad privada de la Anilla Olímpica de la ciudad, el complejo que se construyó para los Juegos del Mediterráneo. AND Sindical ha denunciado en dos ocasiones esta concesión.

Intrusismo laboral

Impugnó los pliegos de condiciones del contrato al considerar que “el precio era temerario” para dotarse de vigilancia privada las 24 horas al día. Lo anularon, y a principios de mes lanzaron un nuevo proceso en el que en un principio se esperaba que hubieran subsanado los errores en las retribuciones.

El problema, según la queja que se ha elevado a la Consejería del Interior, es que se mantuvo la oferta económica sin alterar en esta repesca de la licitación. Pero en lugar de buscar a vigilantes de seguridad, la oferta se dirigió a empresas de auxiliares de vigilancia de seguridad. Los responsables del proceso rebajaron la categoría laboral de la propuesta para validar los recortes a las retribuciones, pero no hicieron lo propio con los requisitos que se les exigía en sus responsabilidades diarias.

Anulación del proceso

Este fue el motivo de la denuncia que el sindicato presentó en la Generalitat. La respuesta de los responsables municipales no se hizo esperar: decidieron anular todo el proceso. Aún se está a la espera de que den forma al tercer concurso público sobre la materia.

No es la primera ocasión en que el consistorio de Tarragona está en el foco por los problemas de contratación de vigilantes en los Juegos del Mediterráneo. La misma ADN Sindical promovió una primera demanda durante la celebración de la competición y por el mismo motivo. Se atribuía al personal auxiliar tareas que corresponden a vigilantes de seguridad privada, cuyas retribuciones son mayores. Por el momento, el Gobierno catalán no les ha contestado.

Escuela de pilotos CESDA

En la escuela de pilotos CESDA, de la Universidad Rovira i Virgili de Reus, se busca a una empresa para la vigilancia de las instalaciones pero también con unas condiciones económicas que están por debajo del convenio del sector, que es de aplicación estatal. El mismo sindicato ha pedido una reunión con los responsables del centro formativo, que han declinado negociar con la organización. La respuesta abre la puerta a que también se lleve la licitación ante la consejería del Interior.

Los representantes de los trabajadores lamentan que es cada vez más habitual la precarización de las condiciones del sector por la vía de la contratación pública. Reivindican que la Administración debería ser garante de que se cumplen con los requisitos de los convenios laborales vigentes y que evitase en todo momento el intrusismo profesional. Dos prácticas que consideran que sólo incide más en la precarización de las condiciones laborales del colectivo.

Por ahora, solo a través de denuncias han conseguido atajar la piratería que existe al contratar a vigilantes de seguridad privada.