El Centro de Formación Profesional de la Automoción de Martorell (Barcelona) está a punto de inaugurar un nuevo curso escolar con una ocupación mínima. Las actividades programadas irían dirigidas a unos 250 alumnos, según datos de la institución, cifra que se queda muy lejos de los 14.000 estudiantes que podría albergar en su capacidad máxima. Se prorroga de este modo un año más el enredo político que ha paralizado la instalación desde que abrió sus puertas.

El Gobierno de Quim Torra tampoco ha sido capaz de resolver una pugna histórica que floreció en 2012, cuando Artur Mas en su primer mandato como presidente de la Generalitat anunció el proyecto. Suponía la renovación de la FP para acercarla a las necesidades reales de la industria y estaba llamado a ser uno de los puntales de la política industrial convergente. Pero encalló en definir el modelo de gestión, cuestión que derivó en una batalla entre las consejerías de Trabajo y Educación que se ha recrudecido en los últimos años. Precisamente, cuando ambos departamentos están dirigidos por diferentes partidos políticos.

Pugna en el seno del Govern

De forma oficial, es Trabajo la consejería que gestiona el macrocentro de FP de Martorell. El gran objetivo del departamento de ERC es respetar este acercamiento a la industria de la automoción, una de las más importantes por impacto en el PIB catalán. Pero Educación, ámbito a manos de PDeCAT, apuesta porque sea un curso reglado más. Reclama la gestión para su departamento.

En la anterior legislatura, cuando Dolors Bassa era responsable de Trabajo, se puso a su secretario general, Josep Ginesta, a resolver el embrollo. El político republicano anunció a mediados de 2017 que se ponían manos a la obra para activar un consorcio que controlara el macrocentro de FP de automoción. Debían estar representados la Generalitat, sindicatos, patronales y las empresas más representativas del sector en el territorio. Es decir, Seat y Nissan.

Concesión que nunca se dio

De forma paralela, anunció que habían empezado a dar forma a los pliegos de condiciones de un contrato para buscar al gestor del centro para los próximo 25 años. Su objetivo era concesionar la dirección y que en el curso 2018-2019, el que está a punto de empezar, estuviera en marcha una propuesta de formación innovadora que incluyera FP inicial, dual, la formación a demanda, servicios a las empresas y actividades derivadas. Todo ello, supeditado al control del patronato.

El sector aplaudió la iniciativa, aunque nunca se puso a la práctica. El procés paralizó la actividad política que no estuviera centrada en cuestiones del independentismo el año pasado y la proclamación simbólica de la república catalana propició el cese en bloque del Gobierno catalán y la aplicación del artículo 155.

Advertencia de las empresas del sector

Ginesta ha seguido como secretario general de Trabajo en todo este proceso y fue ratificado en el cargo a principios de junio, pero la reactivación del Centro de FP de Automoción de Martorell sigue paralizada. El sector está en pie de guerra a incluso desde algunas empresas se ha advertido a la Generalitat que van a impulsar sus propios centros de formación porque sus necesidades de personal no pueden soportar más la parálisis del Govern.

Uno de ellas es Seat, cuyo presidente del comité de empresa, Matías Carnero, ha tildado de “vergüenza absoluta” que el centro esté un año más en mínimos. “Ya dije lo mismo hace tres años en una comisión, lo que queda claro es que no hay interés en que funcione”, afirma el también presidente de UGT de Cataluña.

Inversión de más de 23 millones

Según sus cálculos, la actividad real que se dará en el nuevo curso escolar se limitará a unos 80 alumnos. Recuerda, asimismo, que la inauguración del centro formativo ha movilizado más de 23 millones de euros. Sólo construir el edificio implicó el desembolso de 17,6 millones en plena crisis.

Es más, se ha inaugurado en tres ocasiones en los últimos siete años y ha sido objeto de cuatro actos institucionales para colocar la primera piedra. En su puesta en marcha también estuvo implicado el Ayuntamiento de Martorell, que cedió los terrenos municipales en los que se ubica. Las fuerzas locales también piden tener voz y voto en la definición de futuro del centro.

Denuncia del PSC

Los retrasos históricos acumulados han motivado una denuncia del PSC este verano. El diputado Pol Gibert ha registrado esta semana una propuesta parlamentaria para potenciar de forma definitiva su puesta en marcha.

Es la segunda resolución que impulsan los socialistas sobre la necesidad de desencallar el centro de formación. Hace dos años, cuando Carles Puigdemont era presidente de la Generalitat, ya hicieron la misma petición al Ejecutivo catalán. La demanda cayó en saco roto.