Los sindicatos demandarán a Ryanair por “abusos” durante la huelga de julio

Varios sindicatos han acordado interponer una demanda conjunta contra Ryanair por los “abusos” de la aerolínea durante las jornadas de huelga del 25 y 26 de julio pasado. Los representantes de los trabajadores acusan a la compañía low cost de “incumplir” el ratio de trabajadores que cubrían los servicios mínimos que estaba obligada a ofertar, además de infligir “abusos” y amenazas contra ellos.

Los trabajadores que fueron convocados a la huelga el pasado mes fueron los tripulantes de cabina de la aerolínea. La razón principal por la que el Sitcpla y la organización sindical USO han acordado demandar a la aerolínea es porque consideran que Ryanair requirió una gran parte de sus empleados que acudieran al puesto de trabajo a modo de guardia. Además, los trabajadores recibieron amenazas de sanción durante las dos jornadas de paro.

Sanciones a los huelguistas

Fuentes de los sindicatos aseguran que Ryanair ha anunciado a los empleados que aquellos que secundaron la huelga recibirán sanciones económicas y disciplinarias. Ha reforzado este anuncio destacando que, aquellos que acumulen varias de estas sanciones podrá verse obligado a “ir a Dublín a dar explicaciones".

Ante la apertura de este tipo de expedientes tras la huelga, la demanda incluirá las denuncias interpuestas en Inspección de Trabajo por presiones que buscaban que los propios trabajadores informasen si habían apoyado los paros y que se presentasen en sus puestos.

Caso para la Audiencia Nacional

La demanda será presentada ante la Audiencia Nacional a finales del mes vigente o principios de septiembre. El retraso en la puesta en marcha del proceso judicial viene dado por el proceso de redacción de la misma por parte de los abogados que, una vez acabada, deberá ser revisada por los responsables sindicales.

No será la primera demanda que la Audiencia Nacional reciba contra Ryanair este verano. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas aéreas (Sepla) ya presentó en julio una para pedir que la compañía se ajuste a la normativa laboral y fiscal española.