No por menos esperada, ha sentado como un tiro entre los pequeños inversores del Banco Popular la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no pagar compensación alguna a los accionistas de la entidad que se vieron afectados por la compra de la entidad, en junio de 2017, por parte del Banco Santander.
En su informe preliminar de valoración, elaborado por la consultora Deloitte, la JUR da por bueno el argumento de la consultora de que, en el caso de que se hubiese seguido un procedimiento ordinario de insolvencia, con la entra del Banco Popular en concurso de acreedores, hubieran sufrido pérdidas todavía mayores a los 2.000 millones euros con que se vieron agravados.
305.000 afectados ante la vía judicial
Ante este revés, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financiero (Asufin), Patricia Suárez, ha considerado que la vía de los tribunales es la única que les queda a los 305.000 accionistas afectados por la resolución y posterior venta del Popular a Santander. "Como era de esperar, a los afectados del Popular sólo les quedará los tribunales para recuperar su dinero", ha subrayado Suárez, añadiendo que cada vez hay más motivos para presentar la demanda civil.
Asufin está personada como acusación popular en el procedimiento penal y ya ha comenzado a interponer demandas individuales por la vía civil. "Hemos empezado a conseguir sentencias favorables", ha precisado la presidenta de la asociación.
Alegaciones al informe de Deloitte hasta el 14 de septiembre
Tal y como obliga la normativa comunitaria, la JUR, organismo presidido por la alemana Elke König, abre a partir este lunes un periodo de audiencia de los afectados, que durará hasta el 14 de septiembre a las 12.00 horas y en el cual se podrán expresar los alegatos.
"La JUR está lavando su imagen abriendo un periodo para oír a los afectados, pero ya sabemos que no devolverá el dinero. Sería como reconocer que no tomó la decisión correcta cuando resolvió el banco", ha criticado Suárez.
Por su parte, Asufin recuerda que el Santander ofreció a los accionistas un producto complejo con la condición de la renuncia a las acciones judiciales. "Su resultado es incierto. Es una solución totalmente desaconsejada por la asociación de usuarios financieros", ha aseverado.