Nueva sanción millonaria de 30 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a un grupo de 11 empresas, acusadas de un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública.

Competencia apunta que, por su mayor implicación y la intensidad de la participación en las licitaciones, las empresas Indra y Software AG (SAG) serían las instigadoras de la trama, y por ello han recibido las mayores sanciones, de 13,5 y 6 millones de euros, respectivamente.

Además, en función de sus grados de responsabilidad, empresas como Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next han sido sancionadas con cantidades de entre 47.000 euros y 5 millones de euros. Tres empresas más también estarían implicadas, pero no con las pruebas suficientes como para ser multadas.

Tres lustros de prácticas contra la competencia

En su comunicado, la CNMC resalta que la trama se repartió durante un periodo de 15 años los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible con el fin de encarecer la contratación pública de servicios informáticos.

La Comisión, que inició las investigaciones pertinentes tras recibir una denuncia el 8 de marzo de 2015, subraya que se trata del primer caso resuelto gracias a la campaña contra el fraude en la contratación pública que lanzó hace año y medio. Tras las investigaciones realizadas y una vista pública con las empresas implicadas, considera acreditada una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel.

Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos.

Fraude en la Agencia Tributaria y la Seguridad Social

En la mayoría de los casos estos contratos conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.

Las conductas ilícitas realizadas afectan a los procedimientos de contratación, que se hacían de diversas formas, entre ellas la creación de UTE (Uniones temporales de Empresas) de carácter instrumental y la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras empresas subcontratadas a cambio de que no participaran en ofertas alternativas en la licitación.

Otros métodos empleados fueron la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos adjudicados mediante concurso o procedimientos negociados, así como la cesión de claves de patrimonio o en la inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos y a cambio de otro tipo de favores.