El grupo inmobiliario Núñez y Navarro tiene cuatro actividades: promoción, hotelera, patrimonial y aparcamientos. La primera, a su vez, se reparte entre la explotación de edificios comerciales, locales y despachos, promoción de vivienda, aparcamientos y naves industriales.

La cartera de inmuebles tiene un valor neto contable de 1.203 millones. El endeudamiento bancario asciende a 612 millones y los fondos propios, a 630 millones.

El patrimonio

La cartera de posesiones del grupo es imponente: 61 edificios, casi todos ellos en Barcelona, 500 locales comerciales, 331 despachos, medio centenar de naves, un parque de más de 700 viviendas en alquiler y venta, 11.000 plazas de aparcamiento y 838 plazas hoteleras repartidas en nueve establecimientos.

De todas las divisiones del grupo, la más provechosa es la hotelera, con un rendimiento del 17,5%. El año pasado se resintió un punto y medio, debido al bajón turístico que se vivió en el último trimestre del año por la incertidumbre que ocasionaron el atentado de agosto y los acontecimientos políticos.

Los ingresos consolidados de toda esta cartera en 2017 se cifraron en 123,3 millones, 13 millones más que en 2016. El beneficio antes de impuestos pasó de 39,4 a 50,5 millones. El pago por sociedades se triplicó de 5,8 a 15,1 millones, por lo que el resultado final consolidado se reduce de 33,1 a 31,3 millones.

Caso Hacienda

El grupo se vio envuelto en el caso Hacienda, que estalló en el 2000. Tras muchas incidencias, el asunto vivió su último capítulo en el Tribunal Supremo. En la sentencia de diciembre de 2013, el Supremo dejó abierto un portillo para que Hacienda anulase las actas fiscales pasadas de varios de los acusados y volviera a abrirles inspección.

Gracias a ello el caso Hacienda ha vivido un nuevo y postrer episodio. La Agencia Tributaria recogió el guante del Supremo y tornó a revisar los impuestos de los afectados.

En el caso de NyN la inspección se ha centrado en los ejercicios de 1988 a 1995, es decir, se han auscultado los impuestos de hace 30 años.

Las actas se saldan con 4 millones de cuota y 8,2 millones en concepto de intereses correspondientes a los 30 años transcurridos, pero sin sanción alguna debido a que el asunto se circunscribe a una mera interpretación de la legislación tributaria. El grupo ha presentado recurso.