Los Juzgados Mercantiles de Barcelona y Madrid han incrementado su trabajo concursal en el primer semestre del año. Así lo indica la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) en el repaso a los datos a las insolvencias declaradas que ha hecho públicos este jueves. La capital catalana es donde se ha registrado un mayor aumento. Las quiebras han repuntado el 25% en un año, hasta llegar a los 525 procedimientos presentados. Mientras que en el centro del país el avance es del 5%, hasta las 419.

La organización destaca el avance en los concursos de acreedores que afectan a personas físicas. Especialmente en Barcelona, donde con un año de diferencia se ha pasado de los 67 a los 134 procedimientos declarados. En Madrid, las cifras son más contenidas. Se ha pasado de reconocer 35 insolvencias a 45 si se comparan los seis primeros meses de 2017 y los de 2018.

Liquidación directa

ASPAC señala las particularidades de estos procesos. “Lo que se persigue es que el deudor logre el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho”, indica en un comunicado. Se trata de concursos que en general son poco atractivos para los administradores, ya que las retribuciones están limitadas a los 15 euros por hora, aproximadamente. Algo que no ocurre con las empresas.

Lo más habitual en estos casos es que el juez que debe instruir la causa declara y concluya el concurso en un mismo auto. Aplica de forma directa una quita a las deudas que no se han podido cubrir con los activos del afectado, básicamente propiedades inmobiliarias. Aunque al iniciar el proceso lo más habitual es que ya se hayan desprendido de ellos para intentar salvar la situación.

Personas físiscas

Eso también ocurre en determinadas personas físicas. El 31% de procesos que se inician en Barcelona y el 24% que hacen lo propio en Madrid se liquidan sin la intervención de ningún administrador concursal. Cuestión que indica que la compañía afectada no dispone de suficientes bienes como para cubrir la deuda que arrastra.

Para ASPAC, los datos concursales del primer semestre muestran que la “sociedad no percibe el concurso como una herramienta para solucionar una situación de insolvencia”. Afirman que se declaran para “cumplir con una obligación formal” sin un objetivo claro de remediar una situación transitoria y poder seguir adelante con el proyecto. La llamada segunda oportunidad. 

Profesionalizar los gestores

Pide que se trabaje para fomentar la visión de que las quiebras son un “procedimiento judicial con unos costes para la sociedad que debe lograr salvar a empresas o unidades productivas viables” o bien “liquidar las inviables”. Se trata de un cambio destacable respecto a la percepción actual.

Una de las propuestas que ponen sobre la mesa para intentar remediar la situación es la profesionalización de los administradores concursales, los responsables de gestionar por mandato del juez la insolvencia para intentar conseguir la viabilidad de la compañía. ASPAC asegura que con este cambio se proveerá a la “sociedad de los profesionales capaces de desarrollar dicha actividad de manera óptima” y que se percibirá con mayor valor su trabajo. Es decir, evitar la mortalidad de empresas por insolvencias económicas.