La municipalización del agua de Valladolid dispara la subcontratación con privados

El primer año de municipalización del servicio del agua en Valladolid concluye con un fenómeno que cuestiona el nuevo modelo de suministro. El 51% del presupuesto de la empresa pública se ha destinado a la subcontratación de gran parte de la gestión a más de 40 empresas privadas. Además, la sociedad Aquavall ha cerrado el grifo de la inversión. Así lo indica un informe del Instituto Coordenadas en el que se fiscaliza el trabajo de la sociedad que se creó en el mandato del socialista Óscar Puente.

La compañía ha disparado el número de proveedores, hecho que para los responsables del estudio supone una “multiprivatización por la puerta de atrás”. Se han destinado 23,5 millones de euros a licitar actividades, algunas de las cuales son la base del servicio como el control de desbordamientos de la red de alcantarilla, la reforma de las infraestrucurtras, la telelectura de los contadores del agua o el servicio de atención al cliente.

Más incidencias

Además, desde que se ha vuelto al modelo de gestión pública del agua se han disparado las incidencias. La ciudad ha vivido un promedio de tres inundaciones por semana. En los nueve primeros meses de 2017 se registraron casi el triple de averías que en 2014, cuando el servicio general se había concesionado a Aguas de Valladolid.

Las roturas de tuberías en cadena y las averías de doble incidencia en un solo punto, las que presentan mayor complejidad, han incrementado de forma significativa en los últimos ocho meses.

Menos inversiones

Cabe tener en cuenta que el Ayuntamiento ha pasado las tijeras a las aportaciones para mantener y actualizar la red de suministro. Aprobó una hoja de ruta a 15 años vista para la empresa pública en el que periodizaba el calendario de inversiones previstas. Pero se ha incumplido en los propios presupuestos de 2018, que rebaja en medio millón la dotación prevista para las mejoras.

Siempre ha sido el consistorio el encargado de realizar estos trabajos, incluso en el periodo en el que se optó por un modelo de concesión pública. Pero ahora las arcas municipales se quedan sin los ingresos anuales de dos millones de euros que se debían destinar a la red de infraestructuras. Se trataba de una aportación finalista que ahora se debe planificar vía aportación presupuestaria.

Sin bonificación a los jubilados

El Instituto Coordenadas concluye que, en este periodo de 15 años, el ayuntamiento vallisoletano dejará de invertir 37 millones por este servicio. De los que 30 millones vienen por perder la aportación anual de la concesionaria y otros siete por las rebajas en inversión.

También apunta a ciertas decisiones políticas que se han tomado en el último año y que cuestionan el interés ciudadano de la remunicipalización. El Ayuntamiento congeló la tarifa, pero eliminó la bonificación a los jubilados mayores de 65 años (12.000 abonados con un coste de 150.345 euros anuales).

‘Caos’ en la facturación

Sí ha implementado una medida para que las familias que cobran el sueldo mínimo (538 euros) tengan estén exentos de pagar la factura del agua. Este grupo supone menos de 2.000 abonados de la ciudad, con una repercusión para Aquavall de cómo mucho 50.039 euros anual. Si se tiene en cuenta lo que gastaban con las ayudas a los jubilados de mayor edad, dejan de gasta 94.306 euros de recursos de la compañía.

Merece una mención especial el “caos en la facturación” que el documento de Coordenadas describe en la puesta en marcha de la compañía. Al final han sido los abonados los que han tenido que actuar para corregir los errores en el coste en el servicio.

Menos ingresos por actividad

Sin tener en cuenta las pérdidas que ha generado esta problemática, la gestora pública se ha visto obligada a destinar un millón de euros a solventar los errores. Le queda aún pendiente emitir 12.000 facturas.

Es una empresa valenciana la que realiza la lectura de los contadores, un contrato valorado en 227.000 euros. En este sentido, Coordenadas advierte de que la concesión de servicios a empresas de fuera de Valladolid también supone un menoscabo para las arcas públicas. Dejan de pagar en el municipio los impuestos de actividad profesional.