El tribunal que debe sentenciar sobre el presunto fraude fiscal cometido por Román Sanahuja Escofet, empresario de la construcción en Cataluña, ha admitido “un error” en el procedimiento y se ha visto obligado a retrasar, una vez más, el juicio. El juez que investigó el caso lo derivó a la Audiencia de Barcelona, un órgano que, sin embargo, no cuenta con las competencias para llevarlo a cabo.
Sanahuja y otros tres empresarios están acusados de realizar una deducción fraudulenta de los gastos mediante la declaración del impuesto de sociedades y del IVA. La Fiscalía pide tres años y ocho meses de cárcel por lo que el juicio debe ser atendido por un juzgado de lo penal y no por la Audiencia, ya que ésta estudia delitos más graves que superan los cuatro años de prisión.
Caso abierto desde 2009
Según la acusación, el fraude al fisco de Román Sanahuja Escofet, hijo del dueño de la constructora Sacresa, un socio y otros dos empresarios se llevó a cabo entre 2003 y 2005. Las partidas conflictivas son las procedente de los beneficios de promociones inmobiliarias que la empresa Prosavi, participada por Sacresa, impulsó en el levante español.
La defensa de Sanahuja ha señalado que la suspensión de este lunes "no es más que un añadido en la lista de dilaciones reconocidas por la propia Fiscalía". Ha anunciado su intención de pedir el archivo de la causa al entender que los delitos han prescrito. De hecho, el escrito de la acusación ya aplica una rebaja importante en los delitos de fraude fiscal por dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo prácticamente parada desde 2009, año en el que fue presentada.