El Metro de Barcelona abre un nuevo capítulo en el largo historial de conflictividad laboral que se acumula en los últimos años, cuya máxima fue el año de huelga de los trabajadores para renovar el convenio colectivo. Un año después de la firma del documento, los sindicatos denuncian que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), una de las empresas públicas que controla el gobierno de Ada Colau, incumple lo acordado con una cuestión tan sensible como las empleadas embarazadas y las madres lactantes.

Los acuerdos suscritos en este sentido son claros. Se acordó que a partir de las 10 semanas se debería cambiar el puesto de trabajo de las mujeres que esperan un hijo que desarrollan tareas consideradas de riesgo. Una prerrogativa que también tienen las lactantes.

Empleos de riesgo

El choque con la dirección del grupo viene por la evaluación de qué empleos son de riesgo y cuáles no suponen un peligro para las futuras madres o para las mujeres que dan el pecho. La parte social asegura que incluye tanto el personal de los trenes como el de las estaciones y que así consta en el convenio sectorial. La dirección de TMB no lo ve del mismo modo.

Sus portavoces indican que se trasladó al último encuentro para evaluar la aplicación del convenio, la llamada comisión mixta, justificaron que las empleadas “en situación de lactancia natural” que habían solicitado un cambio de empleo no se pudieran beneficiar de ello. “Los casos comunicados hasta la fecha corresponden a sitios de trabajo sin riesgo por la lactancia”, explican.

Evaluación de los riesgos

En el caso de las mujeres embarazadas, los mismos interlocutores explican que la veintena de casos de gestantes que han gestionado han sido tratados por la “comisión de gestación específica y se les ha dado información de las opciones de las que disponían”. Tanto en la adaptación del horario y funciones “como por la tramitación de la prestación por riesgo durante el embarazo”

Expusieron a los sindicatos que la “evaluación de riesgos” es una potestad de “Salud Laboral de acuerdo con el comité de Seguridad y Salud”. Cuestión que enmienda la parte social. Asegura que en el convenio firmado el verano pasado se dejaba claro qué empleos son peligrosos.

Denuncias ante Inspección de Trabajo

Consideran que la empresa municipal incumple el documento laboral y amenazan con emprender nuevas acciones contra TMB. Cabe tener en cuenta que la empresa pública que gestiona el Metro, gestionado por Enric Cañas, debe hacer frente a 11 denuncias en Inspección de Trabajo.

La mayoría de ellas por incumplimiento del derecho a la información sindical. Una dejadez en las relaciones con los trabajadores por parte de los directivos designados por BComú que aún persiste. Más allá del conflicto con las embarazadas y las madres lactantes, los sindicatos explican como la dirección de TMB se ha sumado a una campaña con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Cataluña (ACCU) para facilitarles el uso de los lavabos de la red del suburbano sin esperar.

Protocolo de actuación

“Nos lo comunicaron con una circular interna después de que se hubiera firmado el acuerdo”, señalan fuentes del comité de empresa. Se quejan de que no se les notificó con anterioridad y que Cañas no haya acompañado la medida de un protocolo de actuación.

Los trabajadores aseguran que están dispuestos a abrir las puertas de los lavabos de las estaciones, pero piden información sobre cómo se debe proceder, ya que están situado junto a las taquillas del personal. “¿Les debemos acompañar? ¿Sólo les abrimos la puerta? ¿Quién cubre nuestras funciones mientras estemos con los usuarios?”, inquieren. Para los empleados, se trata de otro gesto de la dirección de TMB para intentar lavar su imagen de gestores tras la huelga sectorial sin evaluar correctamente el impacto de la medida. “Otra improvisación”, concluyen.