La Generalitat de Cataluña no prevé tener que hacer frente a los costes económicos del caso ATLL hasta 2019. Así lo ha confirmado este viernes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras estudiar las cuentas autonómicas para el ejercicio en curso en su informe sobre el déficit. La entidad explica que ha “consultado” la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la propia Administración catalana y que la conclusión es la misma.

No se estima que la factura pública, que como mínimo llegará a los 300 millones de euros, llegará en 2019. De hecho, Acciona anunció en febrero que espera recuperar como mínimo 308,3 millones tras perder la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) en los juzgados.

Concesión de 2012

El Tribunal Supremo confirmó a finales de ese mes que existían errores en la concesión del servicio en 2012. Decidió inadmitir a trámite los recursos de casación que había presentado tanto la Generalitat como Acciona y su filial concesionaria para mantener el contrato.

Los problemas que han llevado a la anulación ya se habían detectado hace seis años por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). Además, llevaron a una primera anulación del proceso de concesión pública por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2015. Pero la Generalitat nunca movió ficha.

Dilación de los plazos judiciales

La propia AIReF indica en sus estimaciones de primavera que “probablemente” no se deba hacer frente a la factura por la “dilación de los plazos en la tramitación de las sentencias”. Señala que es necesaria una resolución judicial que “cuantifique para que pueda ser valorada en términos de contabilidad nacional”.

Por ello, avala que se difiera hasta el próximo año el impacto del caso ATLL sobre las cuentas catalanas.

Déficit público

En cuanto a las estimaciones sobre el déficit público, la AIReF indica que el conjunto las comunidades autónomas cumplirán "con holgura" el objetivo de déficit del 0,4% del PIB en 2018 fijado. 

Con todo, ve "muy improbable" que Murcia lo alcance e "improbable" que lo cumplan Extremadura y Comunidad Valenciana.