El cigarrillo electrónico tuvo su punto álgido en España en 2013. Su popularización disparó las ventas y el sector experimentó un boom que se deshinchó con la rapidez que creció. Este 2018, la industria prevé que será un año de crecimiento sostenido del 28%, como el ejercicio pasado. Pero las vistas están puestas en el uso de este producto.

Uno de los objetivos del sector es que se extienda el cigarrillo electrónico como método para dejar de fumar. En países como Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, los médicos han empezado a recetarlos cuando no funcionan otras terapias, y la patronal española quiere ir en esa dirección.

De inocuo a perjudicial

Si en 2013 había 3.000 tiendas de cigarrillos electrónicos, dos años después el número de establecimientos había descendido hasta 150. Desde el sector atribuyen la caída del negocio a las informaciones que aparecieron en los medios sobre los riesgos de vapear: el producto había pasado de considerarse prácticamente inocuo a perjudicial para la salud. “Los avances científicos y los estudios en esta materia hacen que los países se vayan posicionando”, explica el presidente de la patronal –la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV)–, Arturo Ribes.

La dualidad de resultados en estudios referentes al cigarrillo electrónico continúa. Si bien en algunos países ya se ha normalizado su uso, el Ministerio de Sanidad alertaba hace un mes de los riesgos para la salud que pueden comportar. La Comisión de Salud Pública considera que tanto el líquido usado en los dispositivos como el vapor que emiten contienen “sustancias cancerígenas”.

Dos grandes industrias

Fuentes del sector admiten que no es una sustancia inocua, pero hacen referencia a estudios que indican que los cigarrillos electrónicos son entre un 95% y un 99% menos perjudiciales para la salud que el tabaco. Contra sus intenciones de que se difunda el uso del producto con fines terapéuticos, aseguran, hay dos grandes industrias.

“Tenemos a los sectores tabaquero y farmacéutico que se oponen; de ahí que haya tanta diferencia entre los estudios científicos, e incluso algunos usan metodologías dudosas”, explica Ribes. En cuanto a los números del sector del e-cig, en 2017 facturó 70,5 millones de euros, lo que supuso un avance del 28,2%. Para este año, se prevé un incremento similar.

Igualar la normativa

Los estudios contrarios a su uso y las reticencias a prescribirlos como mecanismo para dejar de fumar tabaco no son las únicas trabas que ve la patronal. La normativa es cada vez más estricta. Si bien la UPEV defiende la necesidad de que haya una regulación para establecer unas normas iguales a todos los actores y que los consumidores estén protegidos, considera que no hay que equipararla a la del tabaco, al tratarse de productos diferentes.

Ahora, vapear está prohibido en parques infantiles, colegios, hospitales, edificios de la Administración y en el transporte público. En los restaurantes y locales de ocio, por ejemplo, está permitido. Pero este 2018 se ha endurecido la normativa: los líquidos que se venden deben ser analizados ahora también por el ministerio además de la UE. El sector lo considera un “exceso de regulación”.

“Para el fabricante es sencillo, pero para los distribuidores que tienen hasta 10.000 referencias supone una traba burocrática”, se queja Ribes. Desde el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), en cambio, consideran que tanto la normativa como los impuestos deberían ser iguales en cigarrillos electrónicos y convencionales.