Paco es un parado de 61 años al que se le ha acabado la prestación. Vive solo porqué no tiene familia directa y puede trampear la situación gracias a la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona). También gracias a que realquila una de las habitaciones de su casa. “Tengo 61 años, estoy solo y sin ingresos, pero nunca he dejado de pagar la hipoteca”, explica en conversación con Crónica Global. Su precariedad tiene nombre propio y una curiosa historia empresarial detrás, la de Central de Cocinados Catar.

La compañía dedicada a la producción industrial alimentaria cerró de forma abrupta el 5 de agosto de 2017. Por la noche, cuando la factoría situada en el polígono industrial de la misma población de la corona metropolitana estaba vacía, el último “jefe”, tal y como le llamaban los trabajadores, decidió entrar con un grupo de operarios y llevarse buena parte de la maquinaria que el grupo había comprado cuatro años antes.

Imposibilitaba de esta forma la producción normal de la compañía y al día siguiente, junto a su socio, daba la noticia a sus trabajadores. Había decidido liquidar la firma.

Rebelión de los sindicatos

Los sindicatos del grupo decidieron encerrarse en el centro de trabajo para denunciar su situación, una protesta emprendida por los únicos 34 trabajadores que tenían un contrato indefinido. Ellos avisaron a las autoridades sanitarias para evitar que los alimentos que habían dejado atrás los “jefes” se pudriesen y empezaron a movilizarse para hacer frente a su situación.

No habían cobrado los últimos dos meses y por la forma en que se había puesto el punto y final de Central de Cocinados Catar tenían claro que no iban a percibir la liquidación correspondiente. Ni siquiera tenían una carta de despido. La factura pendiente de abonar sólo en coste laboral asciende a los 800.000 euros, según los representantes de la plantilla, cantidad que intentan reclamar en los juzgados con la ayuda de los departamentos legales de CCOO y UGT de Cataluña tras una denuncia interpuesta el 6 de agosto.

Retraso del juicio

Paco es uno de los empleados que percibiría un pellizco de este montante. “Me tienen que pagar casi 30.000 euros”, manifiesta. Un balón de oxígeno que en estos momentos supondría dejar atrás la situación de pobreza en la que está inmerso y a la que nunca había imaginado llegar.

El problema es que medio año después de que estallara la crisis en Central de Cocinados Catar los implicados aún no se han visto la cara en los juzgados. Habían sido llamados a declarar en Granollers a finales de febrero, pero el mismo día en que los letrados de las partes deberían comparecer ante la sala les notificaron que el proceso se retrasaba hasta mayo.

Javier Poo Espejo, el empresario que no sale en los papeles

Además, los propios sindicatos reconocen que es muy complicado que el presunto responsable de desvalijar la compañía llegue nunca a asumir de forma personal su actuación. Justifican esta declaración con la concatenación de crisis financieras que vivió el grupo y que propició la declaración del concurso voluntario de acreedores en plena crisis. Vifiti la compró aunque mantuvo el nombre comercial.

Javier Poo Espejo es el ejecutivo que llevaba las riendas de la compañía. Él era el “jefe” junto a Josep Tarrés Garriga y Juan Vives Relats, que falleció. Pero su nombre no aparece en el Registro Mercantil como propietario de esta sociedad. Sólo consta como administrador de Coloma Carns, Copocarns y Nova Vida Distribucions Càrniques.

De hecho, el socio único de Vifiti es el empresario fallecido. Josep Tarrés Garriga y Joaquim Tarrés Font aparecen como apoderados, pero desde que se constituyó la sociedad en 2010 no consta ni el nombre de Poo ni el de ninguna de sus compañías.

Trabajadores recolocados

Lo más sangrante para los trabajadores que han plantado cara a la cúpula de Central de Cocinados Catar es que aseguran que la actividad se mantiene con total normalidad en otra factoría de la firma. Allí han ido a parar, según su relato, las maquinas, los clientes y buena parte de la plantilla que trabajaba en Mollet del Vallès. Empleados que, a diferencia del grupo de 34 denunciantes, tenían contratos más precarios.

De hecho, Paco explica que ha realquilado la habitación de su casa a un antiguo compañero de las cocinas. En su caso, a diferencia del resto de afectados, se ha quedado sin prestación de paro porqué desde la quiebra de la sociedad estaba en el grupo con un contrato de fijo discontinuo. Trabajaba sólo seis meses, la punta de trabajo requerida por los hoteles y las empresas a las que daban servicio.

Afectado por un ERE

“Trabajé en Central de Cocinados Catar desde 1989 hasta el 2009”, relata, “pero estuve afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de ese año y me ofrecieron quedarme parcialmente en la compañía si renunciaba a una parte de mi finiquito, ya que cobré 13.000 euros en lugar de los 26.000 que me correspondían”.

Indica que aceptó esas condiciones porqué aún no ha llegado a cotizar los años necesarios para jubilarse con una pensión mínima. Sí lo podía hacer si aguantaba hasta los 66 años en la compañía. Ahora, vive pendiente de los juzgados. “Yo fabricaba patés y en los últimos años he hecho de ayudante de cocina”, añade. Afirma que sólo pide “justicia ante estos estafadores”.