La familia Cierco ha denunciado ante el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) y el Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueamiento de Capitales y Financiación del Terrorismo (Moneyval) el proceso de auditoría que PwC realizó para facilitar la creación de Vall Banc en Andorra. Un análisis de las cuentas de los clientes de Banca Privada de Andorra (BPA) que facilitó su migración y que los accionistas mayoritarios de la entidad intervenida tildan de “arbitrario”.

La denuncia tiene como epicentro las órdenes que las “autoridades andorranas” dieron para que las cuentas bancarias del Gobierno del Principado y todas las instituciones públicas del país en BPA se declararon como aptas. Se explica que PwC no hizo ningún tipo de revisión ni elaboró un nuevo cuestionario sobre el cliente (KYC) tras recibir el mandato.

Control de las cuentas

Los mismo ocurrió según la misma demanda con las cuentas que otras entidades bancarias tenían con BPA y los de aquellas personas que “estuvieran relacionadas tanto con el ejecutivo como con las entidades públicas del país y con los bancos que se consideraban exentos de revisión”.

No fue la única orden que el Gobierno de Antoni Martí hizo llegar a la firma auditora. Los demandantes relatan cómo se solicitó que se declararan no aptos sin ningún tipo de control o análisis a los “clientes bloqueados por la Batllia”, los juzgados de Andorra, como los que “había paralizado la Uifand”, la autoridad que controla el blanqueo de capitales en el país.

Injerencia del Gobierno

Se trata de detalles inéditos hasta la fecha en el caso BPA y que demostrarían la presunta injerencia del Ejecutivo del Principado sobre las instituciones encargadas de comprobar la pulcritud de las operaciones de la entidad. Los Cierco consideran que hubo arbitrariedad en la toma de control del banco andorrano ahora en vías de resolución y plantan batalla tanto dentro como fuera de su país.

Motivan recurrir a estos organismos porqué al ser organismos del Consejo de Europa “constituyen la única institución de reputación internacional enfocada a la lucha contra la corrupción en la que el Principado de Andorra tienen a bien someterse”. Pone de relieve las “dudas más que razonables” sobre el proceso de segregación de activos de BPA con los efectos que ello ha tenido.

Afectados en todo el mundo

Remarcan que actualmente aún hay cientos de clientes afectados, cuyas cuentas han sido bloqueadas en BPA y son sometidos a una “desproporcionada e injustificada investigación” que en algunos casos llegan a veinte años atrás. Ciudadanos de todas partes del mundo y con cuentas de todo signo.

“El hecho de que algunos clientes se les investigue de forma casi abusiva y a otros se les haya declarado aptos sin necesidad de revisión no sólo supone una clara discriminación y arbitrariedad”, indican los Cierco en un mensaje divulgado a los medios, “también puede llegar a levantar dudas sobre el motivo por el que se ha decretado la exención de revisión”.

Por todo ello, ponen en conocimiento de los organismos internacionales la situación de Andorra. Abren la puerta a una nueva investigación sobre las políticas económicas del país.