La Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependiente de la Generalitat, ha adjudicado la rehabilitación de fachadas y el aislamiento de las plantas bajas de varios inmuebles situados en Badalona y Terrassa, por un total de 1,6 millones de euros, IVA incluido. La concesión se formalizó el año pasado, pero no se ha publicado hasta el jueves 1 de marzo en la plataforma de contratación del sector público.

Uno de los lotes de Badalona ha ido a parar a la compañía Grup Soler Constructora, de Sallent. Se trata de un pellizco de 231.276 euros.

La Generalitat parece sentir un especial apego por Grup Soler. Al margen del citado trabajo, en 2017 la administración catalana también le dio, que se sepa, otros siete. En Institut Escola Industrial de Sabadell, por importe de 153.783 euros; en l’Escola Badalona Port de Badalona, por 67.689 euros; en el Institut La Serra de Sabadell, 206.900 euros.

Asimismo se le encomendaron actuaciones en el edificio de Fontanella 6, en el centro de Barcelona, dos contratos por 53.522 y 108.224 euros; en pisos ocupados por personas en situación de vulnerabilidad, 361.097 euros; y en varios centros de los servicios territoriales de la propia Agència en el Maresme, 63.312 euros.

Protagonistas de la trama

Grup Soler tiene de administrador a Jordi Soler Paredes. Este empresario fue detenido en octubre de 2015 en una gran operación policial por su presunta implicación en sobornos a políticos a cambio de que su sociedad resultara adjudicataria de obras públicas.

En el golpe a la trama de corrupción de octubre intervinieron 300 guardias civiles, quienes registraron las sedes de Convergència, de su fundación Cat-Dem, así como las empresas constructoras Copisa, Rogasa, Grup Soler y Urbaser (filial de ACS)

También se detuvo a Andreu Viloca, tesorero de CDC y administrador de CatDem, y a Joan Antoni Rosell, director general de la sociedad pública Infraestructures, la comisionada para repartir las obras.

La policía apresó asimismo a Xavier Tauler, consejero delegado de Copisa, ya destituido; Josep Manuel Bassols, delegado de la constructora madrileña Oproler, marido de la controvertida jueza Nuria Bassols, que archivó varias causas contra CiU por corrupción; y Antonio García Bragado, ex teniente alcalde de Barcelona. 

El 3% se va a la Audiencia Nacional

Pese a sus dimensiones relativamente modestas, Grup Soler ha sido en los últimos años uno de los mayores donantes de las dos fundaciones de Convergència, con un total de 590.000 euros. De hecho, este grupo constructor de la Cataluña profunda es el tercero de toda la comunidad que más donaciones aportó a los tinglados del partido que acaudillaron Jordi Pujol y Artur Mas.

Uno de los trabajos investigados corresponde a un centro cívico en el ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, cuando estaba gobernado por CiU. La obra se formalizó en febrero de 2009 por un importe final de 1,13 millones de euros.

En julio, por arte de magia, las fundaciones de Convergència recibieron una donación de sociedades del grupo constructor, equivalentes al 3% de los trabajos de Sant Fruitós.

Este mayúsculo caso de corrupción, cuyas ramificaciones se extienden a varios municipios catalanes, se instruía hasta ahora en un juzgado de El Vendrell. Hace pocos días, el juez titular Josep Bosch se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional porque el asunto tiene “graves repercusiones para la economía nacional”.