La anulación del concurso que dejó en manos de Acciona la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) por parte del Tribunal Supremo despeja el camino para que la administración de este servicio pase de nuevo al sector público. La resolución judicial llega en un momento en que no hay Gobierno en la Generalitat, pero hay que tener presente que ERC es el partido que tendrá más peso, sea cual sea el próximo Govern, a la hora de decidir si se abre o no una nueva licitación. Y los republicanos mantienen clara su apuesta de que sea la Agencia Catalana del Agua (ACA) la que recoja el testigo de la empresa de los Entrecanales como responsable de dar agua potable a unos cinco millones de catalanes de Barcelona y su área de influencia.
Esta fue su opción cuando Artur Mas abrió el camino de la licitación a finales del 2011 de la mano del PP. CDC aprobó entonces la llamada ley ómnibus de promoción económica para conseguir ingresos extra para la Generalitat en pleno envite de la crisis.
Impacto económico
La concesión por 50 años de ATLL era su iniciativa estrella por las magnitudes económicas que propiciaba, eliminar 995,5 millones de euros de deuda pública e ingresar 295,5 millones en el momento de la firma, liquidez que se usó para pagar las nóminas de los funcionarios en diciembre de 2012.
La formación de Oriol Junqueras criticó la licitación, aunque facilitó que CDC conformara Gobierno en el mismo momento en que se firmaba la concesión con Acciona --rúbrica que el secretario de Territorio y Sostenibilidad, Pau Villòria, estampó mientras se presentaba el segundo Ejecutivo de Mas-- . Ese fue el inicio del proceso independentista y ERC se mantuvo con la apuesta de un gestor público para ATLL, aunque afirmó que hasta que no existiera una sentencia en firme no se podía revertir la concesión por el impacto que tendría en las arcas de la Generalitat.
Fin del proceso judicial
Ahora, las fuentes republicanas consultadas mantienen el discurso aunque reconocen que el proceso judicial termina aquí. Tal y como afirma el profesor asociado del departamento de Derecho en la UIC Barcelona Jorge Buxadé, las pugnas concesionales no dan lugar a un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo. La decisión del Supremo es firme.
Con todo, el alto tribunal es poco preciso en marcar los pasos que se deben seguir. Se limita a ratificar lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2015 al inadmitir a trámite los recursos presentados por la Generalitat y Agbar, la otra empresa que concurría en la licitación. Todo ello sin imponer el pago de costas.
Liquidación de la gestora
Tanto en ERC como los altos cargos de la Generalitat que permanecen en sus responsabilidades tras la aplicación del artículo 155 se muestran extremadamente prudentes con los plazos para liquidar ATLL Concesionaria de la Generalitat de Cataluña, la filial de Acciona. Aseguran que primero deben ver la luz las resoluciones del Supremo sobre otros dos recursos de casación presentados --los que interpusieron la multinacional de los Entrecanales y su participada-- y que el cuerpo de letrados del Govern estudia la resolución. La analizarán en una comisión de seguimiento en la que estarán presentes representantes de Terriotorio, Economía y la ACA.
Buixadé señala que la ley da la posibilidad de que en el momento de ejecutar la sentencia se puedan “abrir dos expedientes paralelos, uno para liquidar el contrato y otro para abrir una nueva adjudicación”. Aunque no parece que este segundo llegue nunca a su aplicación.
Independentistas y constitucionalistas
Si finalmente se conforma un Gobierno independentista, tanto ERC como la CUP apuestan por una gestión pública. Reclaman lo mismo desde el PSC, formación que a principios de semana registró una iniciativa parlamentaria para recuperar la gestión; en línea con las declaraciones de Catalunya En Comú, contraria a las concesiones de servicios.
Hasta Ciudadanos muestra sus recelos en abrir una nueva licitación, dejando claro que el futuro de ATLL es materia de un análisis en profundidad. “No demonizamos los métodos de concesión privada”, indica el portavoz del partido, Carlos Carrizosa, “pero esta concesión se activó para tapar agujeros y no para mejorar el servicio para los catalanes”.
En marzo de 2016 el Parlament ya aprobó una moción socialista para recuperar la gestión pública de ATLL. Solo JxSí votó en contra de la iniciativa y perdió, ya que la CUP se unió al bloque conformado por los socialistas, En Comú Podem, Ciudadanos y PP. Se empezó a debatir la ley, aunque el procés dejó el trabajo a medias.
Rull, Vila y Mas-Colell
La ACA no ha movido un dedo para prepararse por la toma de control de ATLL en los últimos años porque no ha recibido el mandato preceptivo del Gobierno catalán. Debería ser la Consejería de Territorio y Sostenibilidad la que tomara la decisión y Josep Rull, el último responsable del departamento, aplicó la misma estrategia que su predecesor en el cargo, Santi Vila: esperar la sentencia del Supremo.
El ahora responsable de Aigües de Banyoles recibió las primeras resoluciones judiciales contrarias a la licitación, las que impedían a la Generalitat mantener a Acciona en la gestión de ATLL como medida cautelar. No las ejecutó por una cuestión económica. Una postura refrendada por Andreu Mas-Colell, el responsable de Economía en los dos gobiernos de Mas.
Recoder preparó el concurso
El catedrático estuvo presente cuando se preparó el concurso público de ATLL, aunque su papel se concentró en marcar como primordial que la licitación terminara antes del 31 de diciembre de 2012 para pagar las nóminas de los trabajadores públicos. Las arcas estaban vacías.
Joan Pinyol (i), y el concejal de BComú Eloi Badia (d) / AMB
Joan Pinyol (i), se encargó del proceso de licitación de ATLL y ahora es responsable de Medio Ambiente del AMB, fichaje que hizo el concejal de BComú Eloi Badia (d) / AMB
Fue la Consejería de Territorio, liderada en ese momento por Lluís Recoder, la que se encargó de preparar las bases de la licitación y adjudicar el servicio del agua a Acciona. Un concurso público al que dieron forma el exdirector del ACA, Leonard Carcolé, y el actual responsable de Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona, Joan Pinyol, entre otros, que los tribunales ha sacado los colores por su falta de pulcritud.
Papel del ACA
Ahora, el ACA espera el mandato de Territorio para revertir la concesión. Sea del Ministerio de Fomento, de la comisión de seguimiento o del próximo Ejecutivo catalán. Fuentes de la empresa indican que están preparados para recuperar el escenario de principios de 2011, cuando ATLL era una compañía de la Generalitat.
La titularidad pública del servicio también es una opción que se contempla con buenos ojos por parte de los operadores privados de servicios de agua. Cabe tener en cuenta que el ACA no cuenta con una estructura propia que se encargue de ejecutar proyectos tecnológicos, de innovación o constructivos para mejorar la red, actúa como garante de la excelencia del servicio y adjudica actuaciones concretas.
Actualmente trabajan 440 personas en ATLL que han firmado hace poco su convenio laboral. Los representantes de los trabajadores avisan de que no renunciarán a las condiciones adquiridas ante un eventual cambio de operador de la compañía. El escenario más que probable para la resolución de la guerra del agua en Cataluña.