El Tribunal Supremo ha decidido este jueves anular la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), el macrocontrato de las aguas catalanas en alta que está judicializado desde 2013. En el último recurso que la Generalitat y Acciona, la empresa que se encarga de la concesión, se ha fallado de nuevo contra los intereses de ambas. Finalmente, reconoce que los fallos en el proceso viciaron todo el contrato. La resolución que ha emitido la sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo se limita a ratificar lo que había dicho en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El máximo organismo judicial catalán ya había decidido dejar sin efecto todo el concurso público. De hecho, el Supremo ha inadmitido a trámite los recursos de casación que habían presentado tanto la Generalitat como el grupo Agbar, la compañía que había perdido en la concesión. Esta empresa había recurrido para intentar que se evitara enmendar todo el proceso y se limitara a repetir la licitación tras la descalificación de Acciona por incumplir con el pliegue de condiciones. Pero el Supremo no ha dado cabida a esta petición. 

Nuevo litigio de Acciona

El Gobierno catalán deberá decidir si abre un nuevo concurso público o decide recuperar la gestión con una nueva empresa pública que dependería de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Fuentes de esta empresa pública confirman que en los últimos dos años el Ejecutivo no ha dado la orden para empezar a constituir esta sociedad. Una orden imprescidible para dar el primer paso. 

Más allá del proceso público, se abre la vía de un nuevo litigio con Acciona. La multinacional de la familia Entrecanales había dejado claro que piensa litigar para percibir el lucro cesante de una licitación que casi ascendía a los 1.000 millones de euros y por la que había pagado más de 450 millones. El último cálculo que hizo el Gobierno catalán sobre el retorno de lo que se había devengado en concepto de cánon concesional y por las inversiones en infraestructuras ascendía a 400 milllones. 

Dos recursos más

Por ahora, los portavoces de la cotizada declinan hacer una valoración sobre la resolución del Tribunal Supremo. Alegan que deben analizar en profundidad los argumentos que ha usado el alto tribunal para rechazar el recurso de casación presentado por el Gobierno catalán. Además, recuerdan que la sala aún debe responder a otros dos procedimientos que se habían presentado sobre la sentencia del TSJC de 2015. El que había presentado la multinacional y el de la gestora de ATLL. 

La primera resolución no les afecta directamente.