El PSC ha sido el primer partido que ha emitido una valoración clara sobre la anulación por parte del Tribunal Supremo de la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a una empresa controlada por Acciona. Los socialistas han exigido que tras la resolución de este jueves se recupere la titularidad pública de la gestora del agua y que ha anunciado varias medidas para pedir responsabilidades sobre la adjudicación chapucera que se firmó el 27 de diciembre de 2012.

El diputado Jordi Terrades ha dejado claro que pondrán en marcha “todas las iniciativas parlamentarias que sean necesarias para que los responsables de lo que puede ser la peor pérdida de la historia de las finanzas públicas del país asuman las consecuencias”.

995 millones más de deuda pública

La licitación de ATLL alcanzó una cifra inaudita en el momento de su firma: 995,5 millones de euros. Este era el total del canon por los 50 años de vigencia del contrato. Acciona sólo pagó 298,6 millones de euros al ratificarlo, pero la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) autorizó al Gobierno presidido entonces por Artur Mas a restar el montante total de la licitación de la deuda pública. Movimiento que alivió de forma considerada el déficit que acumulaba la Administración catalana.

Ahora, el proceso se deberá revertir. Más allá de los casi 450 millones que se deberán reembolsar a Acciona por el canon inicial, los que han pagado en los últimos cinco años y las inversiones realizadas en la gestora de agua, la deuda pública incrementará.

Advertencias desde hace cinco años

Terrades recuerda las “numerosas ocasiones en que advertimos a los entonces consejeros Andreu Mas-Colell y Lluís Recoder, y al que fuera presidente, Artur Mas, de la chapuza que impulsaban y de las gravísimas consecuencias que podría tener”. Cabe tener en cuenta que el diputado socialista es uno de los pocos que ha seguido la guerra del agua desde el primer momento.

Incluso cuando se hizo la firma de la macroconcesión. Fue el secretario del departamento de Territorio, Pau Villòria, el que estampó su rubrica en nombre de la Generalitat de forma casi paralela a un cambio de cartera en su departamento. Recoder abandonaba sus funciones y pasaba el testigo a Santi Vila. Aunque ha sido Josep Rull el último que se ha encargado de la gestión del conflicto judicial. 

“Los socialistas no permitiremos que sea la ciudadanía la que tenga que pagar los errores de Artur Mas y de sus consejeros”, sentencia Terrades.