El Tribunal Constitucional (TC) andorrano ha dejado sin efecto los registros que el 8 de junio del año pasado se realizaron en los domicilios personales y los despachos de los hermanos Higini y Ramon Cierco, los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) hasta su nacionalización, según han informado este martes en un comunicado.
En enero, el TC admitió a trámite los recursos de amparo presentados por los Cierco, en los que defendían que se vulneraron derechos fundamentales en los registros autorizados por orden judicial en el marco de una querella de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por una presunta revelación de secretos bancarios.
Mezcla de casos: Pujol y BPA
Según los Cierco, el alto tribunal ha considerado que en esos registros se pretendía "secuestrar" elementos que iban más allá de los necesarios para el caso estricto que se estaba investigando, y ordena el retorno de todos los documentos, aparatos y soportes informáticos que se requisaron.
De hecho, han sido dos las notificaciones. Una reconoce la vulneración del derecho a la intimidad de los Cierco. La otra admite la vulneración del derecho a la defensa de los abogados de los Cierco en Andorra porque entre los documentos requisados había muchas comunicaciones entre clientes y asesores legales.
Por todo ello, el TC estima que, aprovechando el supuesto delito cometido en el marco del caso Pujol en Andorra (revelación de secreto profesional) se pretendía recopilar información sobre el caso BPA.