El PSC registrará este lunes una iniciativa parlamentaria para solicitar que se revierta la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Es una petición que se concreta en eliminar la ley ómnibus de promoción económica que la entonces CDC y PP aprobaron a finales de 2011 y que entre otras medidas daba luz verde a concesionar este servicio.

Es la segunda ocasión en que se plantea en la Cámara catalana, aunque ahora llega cuando quedan días para que el Tribunal Supremo dicte la última sentencia sobre la guerra del agua en Cataluña. La resolución debe confirmar si existieron errores en el concurso público de 2012 que terminó con la adjudicación del servicio a un consorcio liderado por Acciona.

Empresa pública que dependa del ACA

Los socialistas consideran que el próximo Gobierno de la Generalitat debería priorizar la creación de una empresa pública que pueda asumir esta gestión. La sociedad debería depender de la Agencia Catalana del Agua (ACA), tal y como ocurría antes de la concesión.

De hecho, esta propuesta tiene muchos números de prosperar si se tiene en cuenta la experiencia anterior. El grupo presidido por Miquel Iceta consiguió en marzo de 2016 y con una petición idéntica que Carles Puigdemont sufriera la primera derrota política en el Parlament.

Anulación del TSJC

Junts pel Sí se quedó solo al votar en contra de la reversión de la concesión de ATLL, ya que la CUP se unió a Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que es Pot y PP en pedir la resolución del concurso público. Tuvieron en cuenta el corolario de sentencias judiciales que ponía en tela de juicio la pulcritud de la licitación, cuyo máximo exponente fue la anulación del concurso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2015.

Esta votación en el Parlament propició que se activara una propuesta legislativa en la comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Un trámite que contó con la oposición de PDeCAT y ERC al que siguieron comparecencias de expertos del sector de las concesiones de servicios del agua.

Ley del Cambio Climático

Su objetivo era brindar información a los diputados para poder formular las enmiendas necesarias para ejecutar la reversión de la concesión. Pero el trabajo se paralizó por otra urgencia legislativa a finales de 2016. La comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad empezó a trabajar en la nueva norma del cambio climático de Cataluña desde finales de 2016 hasta el pasado agosto.

Se aprobó el 1 de agosto y tras las vacaciones de verano el proceso independentista marcó la actualidad política en Cataluña, tanto en el Parlament como en la Generalitat, hecho que propició que decayera el debate sobre la gestión de ATLL.

Golpe a las arcas públicas

Casi dos meses después de las elecciones, el PSC considera que ha llegado el momento de reabrir el debate. Especialmente por la proximidad de la publicación de la sentencia final y por el impacto que puede generar a las arcas públicas catalanas.

La Generalitat deberá reembolsar casi 500 millones de euros a Acciona por el canon inicial del contrato, de 298,6 millones de euros, y las cantidades que se han ido pagando en los últimos seis años. Además, deberá desconsolidar otros 995,5 millones de deuda pública. La totalidad de la concesión.