Bruselas ha dado un nuevo toque de atención sobre las consecuencias medioambientales de la actividad de la multinacional israelí Iberpotash en las localidades de Súria y Sallent (Barcelona). Cinco meses después de dictaminar que ICL Iberia, el nombre de la filial, debía reembolsar 5,8 millones de euros de ayudas públicas a España que recibió de forma ilegal, ha advertido de que llevará al Tribunal de Justicia de la UE la actividad extractiva.

Concretamente, ha remitido un dictamen motivado al Gobierno central en el que muestra sus “preocupaciones en relación con la manipulación de residuos salinos” en ambas minas.

Contaminación del agua del Llobregat

Recuerda que es obligación de las autoridades regionales “velar porque las instalaciones de residuos de la industria extractiva cumplan plenamente” la directiva sobre el agua, en la cuestión que se debate, y considera que ha recabado suficientes pruebas que llevan a la conclusión de que la filial de Iberpotash no hace lo propio en las minas del Bages.

Advierte de las consecuencias sobre el medio ambiente de la filtración de salmorra que considera que provocan las extracciones industriales de potasa. Y ocurre, según la valoración de Bruselas, sobre una ámbito tan sensible como las cuencas del río Llobregat. Uno de los dos grandes afluentes de la región metropolitana junto al sistema hídrico del Ter. O, en otras palabras, el que permite que casi 5,5 millones de personas reciban agua potable en sus casas.

Respuesta de ICL Iberia

El Gobierno comunitario manifiesta que la “situación actual” de la actividad de ICL Iberia aún provoca “graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa”. Y da dos meses al Gobierno central para que indique si ha tomado las “medidas necesarias para mejorar la calidad del agua”. Si no, advierte de que proseguirá con el procedimiento previsto para obligar al cumplimiento de la ley.

Los portavoces de la empresa han manifestado que Bruselas no cuenta con datos actualizados de la actividad minera en la región. Aseguran que la extracción de potasa no propicia ningún problema ambiental en la cuenca del Llobregat y se muestran confiados en una resolución del conflicto comunitario que no implique alteraciones industriales.

Burocracia de los procesos

Un extremo que el abogado especialista en derecho comunitario Stefan Rating, que formó parte durante 14 años del cuerpo de funcionarios de la Comisión en la dirección general de competencia, pone en duda. Explica que en la burocracia de los procesos incoados por parte de Bruselas lo más complejo es la primera parte, las pesquisas que se llevan a cabo hasta la emisión del dictamen motivado.

El letrado indica que es bastante probable que el caso acabe en Luxemburgo, donde se volvería a analizar. Señala que no es una cuestión menor por el ámbito de afectación, el agua, que requiere la defensa de todas las partes.

Proceso largo

La resolución no vendrá rápido. Ahora el Gobierno central deberá responder a Bruselas. La resolución de este jueves da dos meses de plazo aunque habitualmente se da más tiempo para este tipo de cuestiones, indica Rating. En el caso de que la sentencia no fuera favorable, se iniciaría de nuevo el proceso en Bruselas.

Se mandaría una carta de emplazamiento que motivaría un nuevo dictamen motivado si no se respondiera como se requiere. Y, en el caso de que se mantuviera la infracción, se presentaría un segundo recurso en el tribunal de Luxemburgo. Sólo entonces se impondría una multa a España por los problemas medioambientales de la actividad de Iberpotash en Cataluña.