“Soy un absoluto defensor de la participación público-privada. Lo hacemos mejor, más barato, somos más eficientes y tenemos un compromiso social que se puede ver de forma clara”.

Con este punto de partida, el presidente del grupo Agbar y vicepresidente de la multinacional Suez Environnement, Àngel Simón, ha hecho un alegato ante el empresariado catalán a favor de la gestión mixta de los servicios. Ha reclamado unificar las políticas de agua en todo el país. La mejor salida, según él, para poder gestionar de forma más eficiente y efectiva los escasos recursos hídricos españoles.

Regulador único

En esta línea, ha pedido un cambio en el “sistema de regulación que tenemos en España” para poder cumplir con algo tan básico como la normativa europea de depuración de aguas residuales. El ejecutivo advierte de que para los municipios menores de 50.000 habitantes será “imposible” acatar la norma por la falta de recursos económicos para poner en marcha el sistema.

La solución que receta es aplicar una “normativa adecuada de calidad de agua” que aúne los intereses de los ministerios, las Comunidades Autónomas y el regulador. “En España falta gobernanza”, ha sentenciado.

Pacto global del agua

“Tenemos 1.200 contratos en el país con ayuntamientos y cada uno es un regulador”, ha lamentado. Por lo que pide “un pacto global del agua en España”, que evitaría que “cada consistorio pueda hacer lo que quiera” por una cuestión ideológica. Hecho que incluye una crítica entre líneas al Ayuntamiento de Barcelona y al gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Las instituciones lideradas por Ada Colau defienden a capa y espada que la municipalización del servicio será mejor para los bolsillos de los ciudadanos y la Administración e intentan cumplir con este objetivo.

“Ni las desalinizadoras ni los trasvases tienen ideología”, ha declarado Simón. Unas palabras que hacen referencia a la alerta presequía que está activada en Cataluña y que irá a más a partir de marzo.

El representante de Agbar se ha mantenido muy prudente a la hora de hacer recomendaciones en este sentido, ya que ha recordado que es la ACA la encargada de marcar las políticas; aunque ha reivindicado la regeneración que Aigües de Barcelona impulsa desde la depuradora del Llobregat para garantizar el servicio a 5,5 millones de habitantes.

Acuerdos con el Gobierno cubano

Sobre el éxito de las colaboraciones público-privadas, Simón ha recodado el trabajo de la compañía en países como Chile y Cuba. El Gobierno comunista permitió la entrada a Agbar en la región en 1995 con la urbanización turística de Varadero, donde los hoteleros que se instalaron en la zona exigieron garantías del suministro continuo de agua y fueron a buscar a la compañía de Barcelona.

“Tras este éxito nos plantemos qué hacer en La Habana, conformada por 50 municipios”, ha explicado Simón. En 1998 daban servicio a 350.000 habitantes y 18 años más tarde cubrían las necesidades de dos millones de personas, con la inversión de 20 millones que ha “reducido un 40% las fugas de agua”.

Multa al Gobierno argentino

Además, el 26 de julio de 2009 “con motivo de los 50 años de la revolución se lanzó la campaña ‘Habana libre de pipas’, de camiones cuba para el suministro”. Otro trabajo que el grupo consiguió “gracias a la participación público-privada” y la negociación con las autoridades comunistas, con las que llegaron a un acuerdo ventajoso por ambas partes.

En contrapunto, Simón ha recordado cómo acabó el pulso que planteó el Gobierno kirchnerista en Argentina a la gestora del agua en la que tenía una participación minoritaria. “Nos fuimos del país en 2005, nadie nos echó aunque nos amargaron la vida prácticamente desde 2011”, ha recordado.

Tras la devaluación del valor del peso respecto al dólar y con los créditos al mismo nivel anterior al corralito, el directivo ha manifestado que la única salida era “negociar, y a partir del Gobierno Kirchner fue imposible" y decidieron ir al Ciadi.

El presidente de Agbar ha recordado que el organismo que dirime en conflictos internacionales les ha dado la razón. “El Gobierno argentino debe devolver a todos los accionistas 800 millones de dólares”, un aviso a navegantes ante los frentes abiertos de la compañía que amenazan sus concesiones.

Invitados a la sesión

Invitado de honor en el "Ciclo de diálogos, empresa y sociedad" organizado por el Círculo de Economía en colaboración con EY, el discurso de Simón ha sido seguido atentamente por altos directivos del grupo La Caixa. Sentados en la fila de honor del lobby empresarial, destacaban el director de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, y el presidente de Abertis y Saba, Salvador Alemany. También ha hecho acto de presencia el líder de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà.

Además de la representante de Aigües Ter Llobregat (ATLL) nombrada por Acciona, Laia Bonet, la empresa por la que pugna Agbar desde 2012 y que está a punto de conocer la resolución final; y la portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Recasens. La única representante del consistorio de la capital catalana que ha llegado a la sesión tarde y se ha sentado al lado del exconsejero de Treball y actual presidente del Tram --concesionaria del tranvía de la ciudad--, Felip Puig.