Foment del Treball ha hecho una petición en clave política para la legislatura que empezará el próximo miércoles. La patronal encabezada por Joaquim Gay de Montellà ha considerado “prioritario” que en los próximos meses se preste una “atención específica en el impuesto de patrimonio”.

Asegura que se trata de uno de los tributos que “penaliza a las rentas medias, promueve la inactividad económica y frena la atracción de talento” al ser Cataluña la comunidad autónoma con los gravámenes más altos. Junto a Aragón y Extremadura, mientras que en Madrid está muy bonificado, mientras que el de sucesiones y donaciones tampoco es de aplicación en la mayoría de los casos.

Por ello, reclama al futro Gobierno de la Generalitat que “determine un mínimo exento más atractivo o la bonificación total del mismo hasta la supresión definitiva” por parte del Estado. En este momento, el mínimo exento en Cataluña son 500.000 euros. En Madrid se ha de presentar la declaración, pero hasta los dos millones de euros la bonificación es del 100%. En las comunidades donde la normativa específica no señala un tope, se ha de declarar a partir de 700.000 euros. 

Mensaje positivo a los inversores

La junta directiva de Foment del Treball determina que, en un “contexto de crisis política e institucional” es necesario dar “señales a los inversores para dinamizar la actividad económica”. Apuntan a que este objetivo se podría conseguir si se eliminara este tributo.

“Atraería a talento y facilitaría las inversiones con movilización de capital”, manifiesta la patronal en un comunicado. Lamenta, asimismo, el lastre a la competitividad que resulta que Cataluña sea el territorio con “más tributos propios y tipos impositivos más altos”.

España y Francia

En cuento a los gravámenes sobre el patrimonio, la patronal afirma que este tipo de fiscalidad está en “vías de extinción”. Recuerda que sólo se mantiene en Francia y en España y que en nuestro país ya se promovió su eliminación en 2008. Aunque el inicio de la crisis y la necesidad de incrementar la recaudación pública propició su recuperación en 2011.

El país vecino ya ha previsto una “profunda remodelación” del impuesto.