El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revisará la concertación de plazas en residencias de la tercera edad y centros de día que la exconsellera Dolors Bassa hizo en los últimos meses de la legislatura pasada. Concretamente, los motivos que llevaron al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass), que dependen del departamento que dirigía, a incumplir un convenio firmado en 2010 con el Ayuntamiento de Castellgalí (Barcelona).

La consejería se comprometía en ese documento a subvencionar 45 de las 90 plazas de la residencia de ancianos de la localidad y 5 de las 15 que están disponibles en servicio de centro de día, explican los denunciantes: el consistorio, gobernado por Cristòfol Gimeno (PSC), y la Fundación Ibada.

Crisis económica

Esta sociedad es la adjudicataria de la gestión del equipamiento que se construyó en suelo público en un proyecto compartido con el Icass. El problema fue que la inauguración de la residencia, con la exconsellera Neus Munté presente, coincidió con el momento más duro de la crisis económica en Cataluña.

Las arcas de la Generalitat estaban vacías y el entonces responsable de Economía, Andreu Mas-Colell, empezó a vender patrimonio para intentar obtener ingresos extraordinarios.

Sensibles con los problemas financieros

Hasta la fecha nunca se había requerido por la vía judicial el cumplimiento del convenio firmado hace ocho años. Los implicados en la causa aseguran que fueron sensibles con los problemas financieros del Gobierno catalán.

En contrapartida, la Generalitat también les atendió y dio audiencia a sus reclamaciones. Se había intentado solicitar que como mínimo alguna de las 45 plazas que deberían estar concertadas pudieran adquirir ese estatus. Un reto que no se pudo materializar porque no se activaban las partidas económicas que lo hicieran posible.

Nueva concertación

Pero la situación económica del país, y de las finanzas de la Generalitat, cambió en los últimos meses. La contención de gasto se abrió poco a poco y Bassa decidió activar de nuevo la política de concertación en residencias para gente mayor, personas con discapacidades o con enfermedades mentales, unas ayudas muy sensibles por los colectivos a los que afecta.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias / CG

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en una imagen de archivo / CG

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias anunció en septiembre que en el último trimestre del año invertiría más de 8,5 millones de euros en la creación de nuevas plazas en la demarcación de Barcelona. Creó 1.625 nuevas plazas subvencionadas que se escogían con criterios de “equidad y equilibrio territorial, es decir, con una aproximación en las ratios de todo el territorio al objetivo de cobertura”, explicó Bassa al presentar el programa.

14 plazas nuevas en el Bages

Pero ni una de las 1.080 que se habilitaron en residencias o centros de día fueron a parar a Castellgalí. De hecho, los afectados se quejan de que tan sólo 14 llegaron a toda la comarca del Bages a pesar de que la población anciana que vive en ese territorio supera a la media catalana.  

Los afectados pidieron a lo largo de septiembre y octubre audiencia con Bassa para poder abordar la situación. Explican que nunca recibieron respuesta por parte de la conselleria, inmersa en esos meses en los momentos de mayor tensión del proceso independentista catalán.

Ante esta situación, han instado un concurso contencioso-administrativo que el TSJC ha admitido a trámite. Los portavoces de la conselleria afirman que aún no tienen constancia del requerimiento oficial del proceso.