Los Cierco reclaman a España y Francia que actúen ante la ‘ley BPA’

La familia Cierco, los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su resolución, han informado al Gobierno del Principado del requerimiento que ha mandado a la Comisión Europea para que fiscalice los presuntos errores que asegura que existen en la transposición al ordenamiento local de la llamada ley BPA. Anuncian que harán lo propio este viernes con los Ejecutivos de Mariano Rajoy en España y Emmanuel Macron en Francia.

Exige a los países limítrofes que “revisen” cómo Antoni Martí, el presidente andorrano, creó a su parecer una norma a medida para tomar el control de BPA y liquidarla tras ser señalada por el organismo que se ocupa de controlar el blanqueo internacional del Tesoro de EEUU, el FIncen, en marzo de 2015. Este organismo retiró finalmente la Notice de acusación, aunque lo hizo en un momento en el que el proceso de liquidación de la entidad ya había surgido efecto.

Acuerdo Monetario

Cabe tener en cuenta que tanto Francia como España forman parte de un comité mixto junto a los representantes del Gobierno de Andorra que se encargan de “velas por la supervisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Monetario”, tal y como recuerdan los afectados en un comunicado.

Es decir, los compromisos que se tomaron en el Principado para poder operar y emitir en euros. Un pacto que también implicaba asumir en el territorio ciertas normas de convivencia comunitaria, entre ellas la de la reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Pérdida de confianza

Los Cierco han argumentado ante la UE que se transpuso de forma “rudimentaria y fragmentada” y que eso provocó pérdidas millonarias a los accionistas mayoritarios de BPA, que se quedaron sin derechos sobre la entidad intervenida a partir de unas inculpaciones que se retiraron.

Señalan que si se llega a constatar que el Ejecutivo andorrano no hizo bien los deberes a la hora de transponer la norma, que también contempla derechos para los accionistas y clientes de las entidades que se nacionalizan, tendrá consecuencias para el Principado. “La confianza de las instituciones europeas puede verse menoscabada y la negociación con la UE puede quedar seriamente tocada”, advierten.