La familia Cierco ha anunciado que ha presentado este martes en la delegación de la Comisión Europea en Madrid un escrito con el objetivo de “evidenciar que el Principado de Andorra transpuso una directiva de forma deficiente ante la pasividad comunitaria” que generó “graves perjuicios a los socios de la entidad”, tal y como indican en un comunicado. Cumplen de esta forma con el aviso que habían lanzado a principios de diciembre sobre llevar ante Bruselas la llamada ley BPA.

Argumentan en el documento remitido a la Comisión los presuntos errores en la transposición al ordenamiento andorrano de la directiva europea que se usó para nacionalizar la entidad, la 2014/59/UE. Indican que se hizo de forma “parcial, precipitada e insuficiente” ante la “pasividad y dejadez” del Gobierno comunitario.

Legislación a medida del caso

Explican que el Gobierno de Andorra creó una legislación a medida del caso BPA y la aplicó de forma retroactiva para poder nacionalizar el banco, hecho que consideran que vulneraba tanto la Constitución del país como el principio de irretroactividad de las normativas comunitarias.

Indican que la transposición de la norma se hizo de forma precipitada tras la publicación el 10 de marzo de 2015 de una Notice por parte del Fincen, un organismo del departamento del Tesoro de Estados Unidos que lucha contra el lavado de dinero internacional. Cuestión que se explica incluso en el preámbulo legislativo, tal y como apuntan los portavoces de los Cierco en el mismo comunicado. EEUU la retiró, pero BPA ya estaba en proceso de liquidación.

Anomalías de la norma

Eso provocó “graves perjuicios a todos los accionistas de la entidad”, que “ni se han podido oponer ni se han visto compensados como consecuencia de la privación” del derecho a la propiedad universalmente reconocido, argumentan.

Detallan algunas de las anomalías detectadas en la norma. Como anunciar en algunos artículos mecanismos de protección de los tenedores de títulos de las entidades que nunca se han implementado o que saca toda la responsabilidad a los administradores encargados del proceso de resolución, sin que ello se contemple en la directiva comunitaria.

Además, decreta que sólo los accionistas que ostentan más del 10% del capital social deben hacer frente a los cargos que se imponen, un umbral que Bruselas tampoco tiene en cuenta.

Intervención de Bruselas

Por todo ello, en el escrito reclaman a la Comisión Europea que intervenga para “poner remedio a la deficiente transposición de la directiva en calidad de órgano de tutela de la comisión mixta”. Un órgano de gestión que se creó tras la firma del acuerdo monetario que se firmó entre la UE y el Principado.

Recuerdan que en base a este pacto, pueden presentar las posibles vulneraciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea las irregularidades que detecte en la supervisión. “La reclamación no se cifra, pero se recuerda que la jurisprudencia europea ha reconocido en otros casos el derecho a compensaciones debido a una deficiente transposición de una directiva”, señala.