En el mercado existen empresas que por mucho que sus gestores se empeñen en hundirlas, no acaban de fenecer. Es el caso de la sociedad Grand Tibidabo (GT), constituida en 1988 por Javier de la Rosa, cuando estaba en la cresta de la ola y manejaba a destajo la manguera de los petrodólares kuwaitíes.
De la Rosa se desvinculó de la entidad hace 23 años. Luego, un tropel de arribistas desembarcó en el puente de mando. La sociedad cayó en barrena y acabó declarándose en quiebra. Eso ocurrió en 1999, con un activo de 31 millones y unas deudas de 39 millones. Una de las últimas referencias periodísticas sobre la empresa apareció en 2006, con motivo de la celebración de la junta de acreedores que debía aprobar el convenio.
Reunión en enero
Ahora, Grand Tibidabo resucita de nuevo. Resulta que el abogado Juan Carlos Quintero Olivares ha forzado la convocatoria de una asamblea extraordinaria de accionistas, que ha de celebrarse el 16 de enero con el notario José Marqueño Ellacuría como secretario.
En el orden del día figuran el nombramiento de un nuevo consejo de administración y los habituales ruegos y preguntas. El citado Quintero es en la actualidad vicepresidente de Grand Tibidabo. El resto de administradores y cargos sociales son los síndicos de la quiebra Alberto Arqued Alsina, Agustín Bou Maqueda y Vidal Correonero Barbero; el letrado asesor Xavier Casajuana Carrera; el comisario del sindicato de obligacionistas Carlos Erroz Esparza; más el depositario Emilio Mulet Ariño. También figura inscrito en el consejo Francisco Pedreño Maestre, que fue el comisario de la quiebra. Pedreño falleció el pasado marzo.
En realidad, Grand Tibidabo semeja una sociedad fantasma. Las últimas cuentas que depositó en el Registro Mercantil de Barcelona datan del ya remoto 1997.
Objetivo, la tesorería
Fuentes conocedoras de los entresijos de la entidad explican que en la caja de Grand Tibidabo hay unos 13 millones de euros. La convocatoria de la junta es el primer paso, según dichas fuentes, para proceder a la liquidación de la sociedad y distribuir los despojos que queden.
Pero ocurre que tras el dinero también va la sindicatura de la quiebra. De ahí que en opinión de otros interlocutores se avecine una probable batalla campal entre diversos abogados y la sindicatura, por el reparto del botín.
GT compró en 1988 el parque de atracciones del Tibidabo a la familia Andreu. A la sazón, las instalaciones languidecían. GT invirtió 20 millones, lo renovó de cabo a rabo y volvió a lanzar el recinto. Cuando la empresa se desplomó, el Ayuntamiento de Barcelona, cuya alcaldía ejercía Joan Clos, rescató la propiedad del complejo lúdico del Tibidabo.