Endesa y Gas Natural, tanto la filial comercializadora como la de servicios, se han llevado la mayor parte del megacontrato de la Generalitat para ofrecer energía a los 13 departamentos del Gobierno catalán y a otras 363 empresas públicas adheridas al sistema de adquisición de la comisión central de suministros durante cuatro años. Una licitación que se hizo mediante la fórmula de compra centralizada para obtener el máximo rédito económico. Han conseguido parte del servicio de nueve de los diez lotes en los que se había dividido. 

El valor estimado de la licitación energética superaba los 236 millones de euros. Finalmente, el presupuesto base se ha quedado en 44,08 millones libres de impuestos.

Adjudicatarias de menor tamaño

A pesar de que los dos grupos se llevan una parte notable de los servicios, según indican fuentes conocedoras del concurso público, la vicepresidencia de Economía y Hacienda a través de la subdirección general de compra centralizada ha repartido entre siete empresas. Todas ellas han recibido parte de la concesión que se abrió en junio.

Grupos más pequeños como Factor Energía, Aura, Nexus y Multienergía Verde se han hecho con una porción del megacontrato.

La petrolera Cepsa también ha resultado adjudicataria. Ofrecerá junto a Endesa, Gas Natural, Factor Energía y Multienergía Verde gas natural licuado (GNL) a la Generalitat y cubrirá todas las necesidades que tenga de gas propano. Factor Energía había presentado una oferta para este lote, pero la retiró a principios de octubre.

Pobreza energética

El contrato de suministros del Gobierno catalán también hace referencia a la pobreza energética, pero de forma tangencial. Las empresas firmantes se han comprometido a cumplir con la normativa vigente sin entrar en mayor detalle para evitar repetir un fiasco como el del Ayuntamiento de Barcelona, cuya licitación ha encallado por una cláusula que pretendía desarrollar las normas en este sentido y fue anulada por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.

Cabe tener en cuenta que aún no ha concluido el desarrollo de la ley catalana sobre pobreza energética. Una juez de Barcelona anuló hace tan solo una semana el protocolo que impulsó la Agencia Catalana del Consumo para facilitar la aplicación de la ley por un defecto de forma y un conflicto de competencias. Aceptó el recurso que Endesa había planteado contra el reglamento que impedía que las energéticas puedan cortar la luz sin un informe previo de los servicios sociales. La sentencia no es firme.