Los fondos acreedores de las autopistas quebradas reclaman al Gobierno 4.500 millones de euros por la liquidación de vías. Este es el importe que calculan que tienen que recibir para la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir lo que el Estado debe pagar por contrato a los concesionarios de las vías por la inversión que realizaron al construirlas.
Los cálculos del Ejecutivo son de 2.000 millones. Es por esta diferencia que los fondos han mostrado su intención de “litigar durante miles de millones de años si es necesario para obtener lo que consideramos que nos corresponde”. Se trata de los fondos que compraron en los últimos años la deuda financiera de 3.700 millones de las autopistas a los bancos.
Además de considerar que la cifra que propone el Gobierno es muy inferior a la que deben recibir, también creen que el Ejecutivo está “demorando de forma intencionada” conseguir una solución para las nueve vías de pago. Lo atribuyen a que quiere retrasar el agujero que puede crear en las arcas públicas la liquidación.