Las explotaciones de la multinacional israelí ICL en España, las del grupo Iberpotash, suman sentencias en su contra, aunque los portavoces de la compañía aseguran que estos litigios no tienen ninguna afectación sobre su actividad. “Empieza a existir un goteo de resoluciones judiciales antiguas que surgen ahora pero que han sido superas por las tramitaciones actuales de los proyectos”, explican.

La última que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aún se debe enmendar con una nuevos ordenamientos públicos. La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal ha decidido anular el “plan especial urbanístico de líneas eléctricas asociadas al proyecto” de explotación de las minas de Súria, el llamado plan Phoenix. El tendido que pasa por las comarcas del Alt Urgell, Solsonès y el Bages.

Falta de estudio de impacto ambiental

Las empresas damnificadas en esta ocasión son Endesa Distribución y el departamento de Empresa y Ocupación. Concretamente, el TSJC ha dejado sin validez la resolución que emitió en enero de 2014 la conselleria encabezada entonces por Santi Vila para autorizar la instalación de la línea energética por la falta de un estudio completo del impacto ambiental.

No es la primera ocasión en que la explotación de potasa de las minas catalanas encallan con la regulación medioambiental. Pero ahora se pone en cuestión la infraestructura que la Generalitat bendijo para aumentar la capacidad de suministro energético que requería la mina de Súria.

Documentos anteriores

El departamento de Vila autorizó la propuesta a partir del informe del servicio territorial de urbanismo de la Cataluña Central de noviembre de 2011; un requerimiento del Ayuntamiento de Súria de noviembre de 2012, gobernado por Josep Maria Canudas (CiU-ERC-ASI), que aún es alcalde; el informe del mismo consistorio de enero de 2013 y un informe-propuesta de la oficina territorial de evaluación ambiental del ámbito de Barcelona del mismo periodo.

Todos estos documentos han sido evaluados por el TSJC. Concluye que no se pueden considerar como una verdadero estudio sobre el impacto de la infraestructura sobre el medio ambiente según lo que marca la legislación catalana.

Suministro garantizado

Los portavoces de Iberpotash aseguran que “el suministro de la planta está garantizado” sea cual sea el desenlace de la enésima pugna judicial del proyecto. Consideran que no son los afectados directos por el litigio y que tanto la explotación de la mina de potasio como la planta de sal vacuum de Súria podrán funcionar sin ninguna afectación negativa.

Asimismo, reivindican que en estos momentos su actividad es fiscalizada para comprobar que cumplen a rajatabla la protección ambiental.  “Todas las administraciones del territorio hacen un seguimiento exhaustivo de cada gramo de sal que se extrae de la planta”, añaden.

Recurso de casación  

Fuentes jurídicas dan por sentado que tanto la Generalitat como Endesa presentarán un recurso de casación contra la resolución del TSJC. No descartan que se subsane el error por la vía de lo administrativo.

Es decir, con la inclusión de un verdadero estudio de medio ambiente que no implique cambios sustanciales en el tendido eléctrico que se ha desarrollado. Como mínimo, no para la explotación minera de Súria.

Litigio sobre el Cogulló

Respecto al resto de cuestiones judiciales que tiene abiertas, los portavoces de Iberpotash confirman que se ha presentado un recurso a la “providencia” que publicó la semana pasada el Tribunal Supremo. La desestimación de la demanda para analizar la pulcritud de una sentencia urbanística que dejaba en falso la escombrera del Cogulló, una montaña de residuos salinos propiedad de ICL que podrá crecer de forma controlada hasta junio de 2019, fecha en la que el grupo deberá cerrar la explotación de Sallent.

Los portavoces de la empresa remarcan que una providencia no es una resolución en firme, por lo que consideran que el litigio aún está vivo y pueden mantener la operativa de extracción de potasa.

Recuerdan que el proyecto Phoenix ya contempla cerrar esta mina en dos años y concentrar la actividad en Sallent. Donde dan por descontado que dispondrán de la potencia eléctrica necesaria para mantener la actividad a pesar del litigio urbanístico que sigue su curso.