Vodafone ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para intentar ganar cuota de mercado en Tarragona a través de la principal licitación de las telecomunicaciones que se ha hecho en la región. Se trata del concurso público promovido por el Localret en el que se buscaba operador para dar servicio a todos los ayuntamientos, consejos comarcales, diputación provincial y entidades del sector público dependientes del sur de Cataluña. Pujaron las tres grandes operadoras del país: Telefónica, Vodafone y Orange.

La licitación estaba valorada en 4,2 millones y se dividía en dos lotes. El contencioso se centra en el que era económicamente más ventajoso: operar las telecomunicaciones de voz y datos y el acceso a internet desde una ubicación física, lote valorado en 2,94 millones.

La mesa de contratación lo adjudicó en mayo a Telefónica. La compañía encabezada por José María Álvarez-Pallete presentó una oferta que ascendía a 1,16 millones, la más ventajosa para las administraciones públicas, pero la licitación nunca se llegó a firmar por el contencioso de su rival.

Vodafone se hace con un lote

Cabe tener en cuenta que la compañía dirigida por Antonio Coimbra se hizo con el segundo lote, el de los servicios de comunicaciones móviles de voz y datos y el tráfico de fijo a móvil, estimado en 1,31 millones. La oferta ganadora alcanzaba los 273.354,48 euros y superó a la de Orange.

Telefónica fue excluida en este apartado del contrato, aunque no recurrió al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) y no se suspendió la firma. Aunque sí pidió ver el expediente de adjudicación y se reservó su derecho de presentar recurso ante el TSJC.

Varapalo del TCCSP

Vodafone inició el periplo judicial para hacerse con el megacontrato de Tarragona. Lo hizo a través del organismo que se encarga de mediar en las adjudicaciones públicas catalanas y que saltó a la fama al enmendar la concesión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona y los pliegos de condiciones del contrato energético de Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.

Aunque la operadora se llevó un varapalo por este trámite. El tribunal consideró que la descalificación de Vodafone en esta parte de la concesión era correcta, ya que no cumplía con los pliegos de condiciones de la concesión y estos “constituyen la ley del contrato”, por lo que están obligados a cumplirlos tanto las “empresas que concurren en la licitación […] como los órganos de contratación”, tal y como indica la resolución de TCCSP a la que ha tenido acceso Crónica Global.

Reprobación a la operadora

Se le reprobó una bajada económica global del 28,89% que la mesa consideró “temeraria”, que hiciera una valoración conjunta de sus servicios y no los desagregara y el hecho de no detallar unos precios unitarios máximos y mínimos, entre otros.

El tribunal afeó que la “solución que propone y eventualmente pudiera servir para un ente no necesariamente coincide con el resto de entes adheridos a la contratación”, es decir, que no tuviera en cuenta las necesidades concretas de cada administración en la propuesta. Además de “reflejar una anormalidad o desproporción en su precio en relación al de mercado y el ofrecido por las otras empresas licitadoras”.

Por todo ello, el TCCSP apoyó la decisión de la mesa de adjudicación. Consideró que Vodafone no cumplía con los pliegos del contrato y tenía que ser excluida del proceso. Una cuestión que se valorará finalmente en la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal catalán.