El desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ha entrado en barrena. El plan del Gobierno destituido era reforzar la fuerza laboral de una de las infraestructuras que debía ser clave tras la proclamación de la independencia con la incorporación de 100 nuevos trabajadores hasta finales de año, un calendario que fuentes internas de la organización aseguran que no se podrá cumplir. Más aún en un momento en que los empleados de las oficinas territoriales lamentan que están “mano sobre mano”.
Los portavoces de la Generalitat indican que la voluntad es “convocar las plazas que sean necesarias para ejercer las funciones autonómicas de la ATC”. Pero la licitación no se inició en septiembre, cuando se presentaron públicamente los planes de llegar a los 800 trabajadores a lo largo del trimestre, y no hay calendario para lanzarla.
Paralización de la actividad institucional
La paralización de la actividad institucional tras la detención de la plana mayor de la Consejería de Economía el 20 de septiembre y la celebración del 1-O dilató el refuerzo laboral de la Hacienda catalana. Ahora, con el artículo 155 activo, se desconocen los nuevos plazos de la convocatoria.
Fuentes sindicales señalan que es poco usual que en la antesala de unas elecciones autonómicas se abran licitaciones públicas en la Generalitat. Aunque no descartan que finalmente se produzca por la excepcionalidad del momento político.
Bajada del trabajo
A esta incertidumbre sobre el futuro de la masa laboral de la organización se suma la inquietud de los trabajadores de las oficinas territoriales por la continuidad de su trabajo. Explican que se incorporaron como interinos en el cuerpo de funcionarios de la Generalitat tras los esfuerzos que hizo el Gobierno destituido para tener a punto una de las estructuras de Estado antes de la celebración del referéndum, pero que en el último mes el volumen de trabajo ha bajado tanto que temen por su futuro.
Los portavoces de la Generalitat intentan mandar un mensaje de tranquilidad. Aseguran que no se han variado las atribuciones de la Hacienda catalana con la puesta en marcha del 155, ya que todas las que se han asumido en el último ejercicio estaban incluidas en el Estatuto de Autonomía. No existe ningún choque con el Estado en este sentido.
Se limitan a llevar la recaudación ejecutiva, no la gestión, de impuestos como las multas de tráfico y de asumir las liquidaciones de gravámenes autonómicos que se hacían en las oficinas liquidadoras y registradoras en el territorio.
Actividad económica de Cataluña
Los representantes sindicales de la ATC atribuyen la bajada del trabajo a otro frenazo, el de la actividad económica en Cataluña. Especialmente en la compra-venta de inmuebles, una actividad sometida al impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) transferido a las Generalitat.
Señalan que, incluso si fuera una voluntad de los independentistas, no podrían asumir el trabajo de la Agencia Tributaria por la falta de manos. Deberían contar con unos 6.000 empleados y actualmente sólo hay 700 personas. Y la mayoría de ellos se han incorporado en el último año.
Comentan que estos trabajadores aún necesitan “unos meses de adaptación”, los que se toman los principales sindicatos de la ATC para valorar la expansión de institución tributaria catalana. Por ahora, afirman que se ha pasado de “ir a toda máquina” a carecer del más mínimo liderazgo. Una situación que estiman que se mantendrá hasta enero.