Este miércoles, 15 de noviembre, tenía que conocerse el nombre de la empresa que mejor puntuación ha obtenido para hacerse con la gestión del servicio de bicicletas de alquiler en Barcelona, el Bicing. Pero las seis UTE (Unión Temporal de Empresas) que aspiraban a ser caballo ganador no están conformes con el resultado del concurso público.

Además del gigante de la publicidad Clear Channel, que gestiona el Bicing actualmente tras la absorción del know how de Movement, se han presentado Cespa-PSCA (en la que se encuentra Ferrovial), Tradisa-Logicauto-Bonopark, Marfina-Smoove, Acciona-Sharebike y Nextbike-Sagalés.

Baja temeraria

Fuentes cercanas al caso han explicado a este medio que la de Ferrovial (Cespa-PSCA) es la que ha obtenido mejor puntuación —Clear Channel en segundo puesto— en un concurso de casi 200 millones de euros en diez años para encargarse de unas 8.000 bicicletas eléctricas y más de 500 estaciones.

Pero esta compañía ha incurrido en una baja temeraria, ya que presentó una oferta casi cinco millones de euros más barata, por lo que el resto de grupos están presionando al Ayuntamiento de Barcelona para anular el concurso y hacerse con la gestión.

Además, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) puso a todas las empresas candidatas en conocimiento del conflicto del consistorio barcelonés con la antigua gestora del Bicing, Movement Barcelona. Este martes, les hizo llegar el expediente con el caso para que puedan hacer sus alegaciones.

Solo la prórroga

La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, ninguneó al tribunal, el mismo que tumbó su reforma energética. Y lo hizo tras la publicación de la resolución sobre la querella que impuso Movement contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el contrato de servicios de implantación, mantenimiento y gestión del servicio de bicicletas de alquiler. La Ley de Contratos Públicos sostiene que una licitación pública debe hacerse por un periodo máximo de cuatro años, más dos de prórroga. Ésta, además, debe hacerse por un régimen de mutuo acuerdo entre empresa ganadora y consistorio.

La resolución del TCCSP obliga al Ayuntamiento de Barcelona a cumplir ambas condiciones, pero el equipo de gobierno de Ada Colau desobedeció y solo publicó una rectificación del pliego de cláusulas administrativas particulares para poner en marcha el Bicing 2.0. Una modificación que solo hacía referencia a la conformidad de ambas partes en caso de alargar el servicio, no al otro punto de obligado cumplimiento acerca de establecer un máximo de cuatro años.