La sentencia que declaró inconstitucional el cobro del impuesto de plusvalía municipal en las transmisiones de terrenos en las que había minusvalía fue un revés para los ayuntamientos. A principios de año, vieron cómo una de sus principales fuentes de ingresos fiscales peligraba. Desde entonces, esperan a que el Gobierno modifique la legislación para poder cobrar de forma correcta esta tasa.

Pero las consecuencias para las administraciones municipales van más allá, y es que de la resolución del Tribunal Constitucional se desprende que los consistorios deberán devolver el dinero a los contribuyentes que pagaron el impuesto sin que tuviera que aplicárseles, es decir, en los casos en los que no obtenían una plusvalía. El efecto puede ser retroactivo.

El impuesto en cifras

El impuesto de plusvalía municipal --el que grava los terrenos en transmisión según el aumento de valor-- supone entre un 5% y un 6% de los ingresos fiscales de las localidades. De las principales ciudades catalanas, Barcelona es con mucha diferencia la que más reclamaciones ha recibido desde la sentencia; calculan que por importe de 50 millones de euros. La segunda ciudad de Cataluña, L’Hospitalet de Llobregat, estima que tendrá que devolver 5,8 millones de impuestos cobrados entre 2014 y 2017.  

El Ayuntamiento de Badalona no ha querido dar detalles sobre sus previsiones, mientras que en Terrassa han calculado que cerrarán 2017 con una bolsa de 1,4 millones en devoluciones y no liquidaciones por falta de incremento en el valor. Desde Sabadell, apuntan que el importe final dependerá de si tiene carácter retroactivo. En este caso, estiman que la cantidad a retornar oscilará entre cuatro y cinco millones. En Tarragona, la cantidad prevista es de 0,5 millones sólo este año.

¿Quién debe hacerse cargo del pago?

Casi medio año después de declararse inconstitucional, el Gobierno todavía no ha hecho sus deberes. Es la Administración central la que debe cambiar la ley. En concreto, hay que modificar el baremo por el cual se calcula cómo ha variado el valor entre transmisiones. El cálculo actual siempre tiene como resultado una plusvalía, aunque el valor haya disminuido en ese tiempo.

Lo que se presenta ahora es un problema de viabilidad para los ayuntamientos. “No podrán hacer frente al pago”, asegura Albert Giralt, socio del despacho Fornesa Abogados. Es por esta razón que la mayoría de consistorios consideran que la Administración central debería hacerse cargo del coste o, al menos, dar ayudas, o crear un sistema para cubrirlo.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consideran que, como “es el Estado quien ha hecho una ley inconstitucional”, tiene que hacerse cargo de la situación y “establecer mecanismos de compensación”. En el mismo sentido se pronuncian los gobiernos municipales de Sabadell y L’Hospitalet, mientras que desde Tarragona apuntan que “cada administración tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades y no derivarlas”.

¿Anulación total del impuesto?

La situación evoluciona y una nueva sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indica que el Constitucional anuló todos los artículos referentes al impuesto de plusvalía municipal. Según Giralt, de eso se desprende que ningún ayuntamiento debería estar cobrando ahora la tasa, en ningún caso.

Sin embargo, ya son muchos los consistorios que han congelado los pagos o que los provisionan para hacer frente a los costes que pueden derivar de ello. La sentencia de Madrid también abre la puerta al Gobierno para que incluya en la nueva ley, desde cero, la obligación de pagar la tasa en los casos en los que sí existe plusvalía.