El magnate del transporte acumula el 30% de demandas de autorizaciones de alquiler de vehículo con conductor, las llamadas licencias VTC. Juan Ortigüela, investigado por, supuestamente, especular con los permisos, ha solicitado 800 títulos habilitantes más en Cataluña mediante su empresa Ares Capital SA.

Según han informado fuentes del sector, Ortigüela y su mercantil copan 800 de las 2.926 licencias tramitadas en los juzgados en el territorio.

La firma queda muy por delante del resto de aspirantes: Forever Tours Dreams —la antigua radioemisora Aerotaxi—, que ha solicitado 300, y Alsa, que quiere 200 títulos mediante dos mercantiles del grupo: Alsina Graells y Tibus SA.

Para Cabify y Uber

Cabe recordar que las licencias VTC son los permisos que facultan a las nuevas empresas del llamado transporte colaborativo, como Uber —en Madrid— y Cabify —en la capital y Barcelona— a circular legalmente.

Las dos empresas, no obstante, se han desvinculado reiteradamente de las sociedades y empresarios que batallan en los juzgados para conseguir los títulos habilitantes.

Precisamente, la sospecha de que algunas personas físicas y jurídicas especulan con estos permisos llevó a la Generalitat a decretar la prohibición de transmitirlas durante dos años en agosto. La misma medida contempla la retirada de las autorizaciones si no se ponen en operación.

En el punto de mira

Precisamente, una de las empresas bajo sospecha por, supuestamente, tramitar permisos para operar vehículos de alquiler sin conductor para revenderlos es Ares Capital.

Su propietario está bajo la lupa de la Fiscalía Provincial de Málaga, que investiga si cometió algún tipo penal al solicitar 2.600 autorizaciones en la provincia, según avanzó Voz Pópuli.

Si las diligencias del ministerio público se sustancian, darán más argumentos a los sectores, sobre todo del sector del taxi, que advierten del agujero legal que provocó la aprobación de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), en 2013, hasta el visto bueno administrativo al reglamento del texto, que llegó dos años después.