Monika März, esposa de Pedro Olabarría Delclaux, y el hijo de ambos, Alejandro Olabarría März, han repatriado desde los Países Bajos la sociedad Ducanson y le han cambiado el título social por el impronunciable nombre de Pmerschdra. Lo más llamativo del traslado es que dicha entidad luce un capital social de nada menos que 52,3 millones de euros. Su socio único es la compañía suiza Satlen, controlada por la familia.

Pmerschdra se dedica a dirigir y gestionar la participación en el capital de otras sociedades. El domicilio se ha fijado en la calle Carme Karr, en el barrio de Sarrià.

Trayectoria fecunda

Pedro Olabarría, de 79 años, es todo un personaje. De modales exquisitos, está dotado de una inteligencia privilegiada y de un olfato para los negocios que le ha granjeado la acumulación de una fortuna copiosa.

En los años sesenta y setenta ejerció de director general de Motor Ibérica, productora de maquinaria agrícola y furgonetas, que con el tiempo fue absorbida por Nissan y devino el mascarón de proa de esta firma japonesa en España.

En los años ochenta, Olabarría entró en el capital de la papelera catalana Torras Hostench, hoy Torras a secas. Poco tiempo después enajenó sus títulos en uno de los mayores pelotazos propinados en la época.

Más tarde, una de las empresas de su constelación Grupo Harry Walker, distribuidora de material náutico, atravesó serios problemas de insolvencia.

Querella "catalana"

Banesto, presidido a la sazón por Alfredo Sáenz, figuraba entre sus acreedores. El abogado del banco Rafael Jiménez de Parga redactó una querella contra los administradores de Harry Walker. Fue a parar al juzgado de Luis Pascual Estevill, quien la admitió a trámite y sin encomendarse ni a dios ni al diablo dictó prisión para Olabarría y sus socios.

Olabarría permaneció solo unas horas encerrado, pero a continuación puso su fortuna y sus medios al servicio de una misión preferente: exigir cuentas a los culpables de su detención. Logró dos cosas. La expulsión de Pascual Estevill de la carrera judicial. Y tras 17 años de pleitos y más pleitos, la condena de Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado de Banco Santander, que supuso el final de su carrera de banquero.

José Luis Rodríguez Zapatero, concluido ya su mandato y estando en funciones, concedió el indulto a Sáenz, pero el Tribunal Supremo anuló después la medida.