Muchos notarios que trabajan en Cataluña están de forma inaudita de guardia este fin de semana para atender a la escalada de actividad mercantil que empiezan a registrar relacionada con el procés. No se trata de pánico empresarial, según relatan gestores legales y tributarios consultados, pero los nervios de los últimos días han ido a más y los planes de contingencia que los ejecutivos catalanes habían preparado se están ya aplicando.

De forma ordenada y con calma. Muestra, según los mismos interlocutores, de lo preparados que estaban. “Como empresarios, nuestra misión es ponernos siempre en el peor escenario y estar preparados para ello”, indican fuentes patronales. ¿Se ha llegado a ello? No, pero estiman que el llamado choque de trenes es cada vez más inevitable y aceptan ya como una posibilidad real la declaración unilateral de independencia (DUI), que se contestaría con la activación del artículo 155.

Decisión de la banca y las grandes cotizadas

La banca y las grandes cotizadas han abierto la veda. Desde el sector financiero remarcan que es un paso lógico si se tiene en cuenta que más del 75% de la actividad de Banco Sabadell y Caixabank está fuera de Cataluña, sufrían en el parqué y la fuga de depósitos había empezado aunque el Banco de España no hubiese detectado movimientos inusuales de capitales. “Eran los más expuestos”, comentan.

A lo largo de este viernes le siguieron dos grupos financieros menores, Banco Mediolanum y Arquia Banca (antigua Caja de Arquitectos). De nuevo, para mantener el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y proteger a clientes e inversores de las incertidumbres que se abren en el momento actual en Cataluña. Así como otras empresas, caso de Gas Natural Fenosa, también del grupo Criteria Caixacorp y Service Point. 

Freixenet y Renta Corporación abrieron la puerta a adoptar una decisión similar en función de los acontecimientos políticos de los próximos días.

Debate de la seguridad jurídica

“El debate aquí es el de la seguridad jurídica”, indican otras fuentes empresariales. Incluso para realizar el cambio de domicilio social que garantizaría que sea cual sea el futuro de Cataluña las empresas tendrán como referencia el marco legal de España y de la Unión Europea con todas sus derivadas, como los acuerdos comerciales vigentes en los 28.

Eso no implica que sus acciones sean asépticas políticamente. Tienen un impacto y vira el debate independentista desde el terreno político en el que se ha movido exclusivamente hasta el económico. De hecho, la primera respuesta del sector favorable al procés al traslado de las sedes sociales fue asegurar que se trataba de un movimiento temporal.  

Adaptación de la ley de sociedades de capital

La persecución de la seguridad jurídica también propició que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros de este viernes una modificación de la ley de sociedades de capital. Ello facilita el cambio de domicilio social con un acuerdo de la cúpula de una compañía sin someterlo a la junta de accionistas. No se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta este sábado, momento en el que se considera que entra en vigor. Por ello la prisa en algunas compañías por iniciar la tramitación administrativa el fin de semana.

Las consultas a las patronales catalanas, tanto en Foment del Treball como en Pimec, en este sentido han sido constantes las últimas horas. Los portavoces reconocen la inquietud y llaman a la calma. Aplicar un cambio en este sentido es más sencillo en las grandes empresas o de tamaño mediano, pero en las pymes de menor dimensión el paso es complejo.

Ambas organizaciones empresariales han hecho llamamientos al diálogo entre Barcelona y Madrid para evitar la secesión unilateral. La única manera, según su parecer, de evitar el choque de trenes para el que se preparan.