El conflicto del Bicing de Barcelona continúa. Tras la absorción del know how de Movement --empresa subcontratada que gestionaba el servicio dada su experiencia en el sector-- por parte de la multinacional americana Clear Channel --empresa que ganó el concurso del Ayuntamiento de Barcelona--, los comunes protagonizan un nuevo capítulo.

El problema, ahora, pone el foco en la gestión del equipo de Gobierno de Ada Colau, que ha decidido ningunear al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), el mismo que tumbó su reforma energética. Y lo ha hecho tras publicar éste la resolución sobre la querella que interpuso Movement contra el anuncio de licitación y los pliegos que rigen el contrato de servicios de implantación, mantenimiento y gestión del servicio de bicicletas de alquiler.

Obligado cumplimiento

El artículo 303.1 de la Ley de Contratos Públicos sostiene que una licitación pública debe hacerse, en términos generales, por un periodo máximo de cuatro años, más dos de prórroga. Ésta, además, debe llevarse a cabo por un régimen de mutuo acuerdo entre la empresa ganadora del concurso y el consistorio barcelonés.

La resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, a la que ha tenido acceso Crónica Global, obliga al Ayuntamiento de Barcelona a cumplir ambas condiciones. “Esta resolución pone fin a la vía administrativa y es directamente ejecutiva, sin perjuicio a que se pueda interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)”.

Desobediencia

En el caso de que el consistorio barcelonés quisiera convocar un concurso de diez años, prorrogable hasta cinco años más sobre la base, tendría que pedir un informe al Consejo de Ministros y hacerlo público antes de llevar a cabo la convocatoria de la licitación.

Algo que el equipo de gobierno de los comunes no ha cumplido, menospreciando la resolución del tribunal que le obliga a hacerlo. El único tímido paso que ha dado el equipo de Ada Colau ha sido publicar una rectificación de la cláusula del pliego de cláusulas administrativas particulares para poner en marcha el Bicing 2.0.

Solo la prórroga

El pasado jueves, 21 de septiembre, el área de Ecología Urbana, capitaneado por la quinta teniente de alcalde, Janet Sanz, hizo público un anuncio en el perfil del contratante del concurso en el que informa sobre la rectificación del pliego de cláusulas, acerca de la posible prórroga del contrato: “La vigencia del presente contrato podrá prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, manifestado expresamente hasta un máximo de cinco años”.

Prosigue: “El contratista tendrá que manifestar su conformidad, de forma expresa, a la propuesta de prórroga formulada por el servicio técnico correspondiente, un mes antes de la finalización de su vigencia inicial o de sus prórrogas”. Se trata de una modificación de la cláusula que solo hace referencia a la conformidad de ambas partes en caso de alargar el servicio, no al otro punto de obligado cumplimiento acerca de establecer un máximo de cuatro años.

Elecciones municipales

El próximo miércoles, 26 de septiembre, es la fecha clave en la que las empresas que quieran hacerse cargo del servicio de alquiler de bicicletas en la capital catalana deben presentar los pliegos. La resolución data del 6 de septiembre, pero el anuncio del Ayuntamiento de Barcelona se publicó 15 días más tarde, un jueves por la noche, con un fin de semana y un lunes festivo por medio, con la falta de margen que supone para los aspirantes.

Fuentes cercanas al caso apuntan a que la desobediencia al TCCSP llega de las órdenes expresas de Ada Colau, que no quiere perder la oportunidad de ser quien presente el nuevo Bicing 2.0. Obedecer los dos puntos de la resolución significaría paralizar el proyecto --con un presupuesto de 344.060.471,79 euros-- entre cuatro y cinco meses y volver a empezar, lo que fijaría la finalización de la iniciativa en mayo de 2019. Justo cuando se celebran las próximas elecciones municipales.