La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha cargado este lunes contra el impuesto catalán sobre emisiones de dióxido de carbono que JxSí y la CUP aprobaron en el Parlament antes de las vacaciones, el 27 de juilio. La patronal de los concesionarios afirma que el tributo tal y como está planteado no conseguirá los objetivos previstos.

Afirma que no se gravará el uso del coche privado, sino la propiedad. Y los más perjudicados serán los dueños de vehículos antiguos que, habitualmente, son los que tienen más dificultades para renovarlo por una cuestión económica.

Desigualdad sin incentivos

La organización afirma que el Gobierno catalán y sus socios de legislatura han creado una desigualdad respecto al resto de conductores españoles. Asimismo, indica que el Parlament ha olvidado en su redactado abordar el gran problema tanto medioambiental como de seguridad viaria en Cataluña: que el parque automovilístico tiene una edad media de más de 11 años.

Faconauto critica que la “medida recaudatoria” no se haya acompañado de un presupuesto para poner en marcha un plan de renovación de vehículos. Algo parecido a los antiguos Pive estatales u otros “incentivos” para la adquisición de coches movidos con energías alternativas.

Freno a la renovación del parque

Es más, consideran que el impuesto de nueva creación repercutirá de forma negativa a las matriculaciones. Un gasto más que impedirá que muchos catalanes cambien de coche y envejecerá más el mercado y la renovación de vehículos, que ahora “alcanza un nivel óptimo”.

También lamenta que JxSí y la CUP no hayan “tenido en cuenta al sector en la elaboración de la ley”. Esperan que sí escuchen a las patronales de la automoción para desarrollar el reglamento.

Aplicación del gravamen

El nuevo gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica entrará en vigor en 2018. Tendrá una implementación gradual, empezando por los automóviles y los camiones de hasta 3,5 toneladas. Las motocicletas deberán pagarlo a partir de enero de 2019.