ATLL proporciona el enésimo contrato millonario a Acciona

Aigües Ter Llobregat (ATLL) se ha convertido en una vía de ingresos para su concesionario, la cotizada Acciona. La gestora de agua catalana ha anunciado por enésima ocasión que una filial del grupo de la familia Entrecanales ha conseguido la licitación de uno de sus servicios. En esta ocasión no es un contrato menor, es el segundo por cuantía que saca a concurso desde el inicio de 2017. Sólo le supera el concurso para encontrar a un suministrador de energía eléctrica en alta, con un presupuesto de 85,2 millones.

Facturará 19,5 millones por realizar la reparación, mantenimiento y limpieza industrial de las instalaciones técnicas y la maquinaria que se usa en la red de ATLL. La oferta más baja que se presentó a la concesión de la mano de la filial de obras e infraestructuras de Sorigué, el grupo ACSA. El trámite de licitación fue restringido.

Contrato de una década

Mantendrán el encargo los próximos cinco años con posibilidad de prorrogarlo de forma anual hasta llegar a la década. Con todo, los próximos a la concesionaria de agua de Barcelona y su ámbito de influencia indican que es poco probable que se llegue a alcanzar este plazo.

Acciona aún espera que el Tribunal Supremo emita la última resolución sobre el contrato que se firmó el 27 de diciembre de 2012 y que otorgó a Acciona la gestión de ATLL por medio siglo. La pulcritud del proceso de adjudicación se puso en cuestión seis días más tarde, el 2 de enero de 2013, cuando el Tribunal Catalán de Contratos de Contratos del Sector Público (entonces llamado Oarcc) anuló la licitación.

Impacto económico de la anulación del contrato

El pulso judicial que se desató en ese momento ha recibido el nombre de guerra del agua en Cataluña. Los tribunales por el momento no han sido favorables a los deseos de Acciona y de la Generalitat, ya que la anulación definitiva del contrato de ATLL implicaría tener que apuntar casi 1.000 millones de deuda ordinaria en la contabilidad de la comunidad desde el año de la adjudicación. Además de devolver los 298,6 millones que pagó Acciona en el momento de la firma del contrato y las aportaciones posteriores.

La Generalitat cifró hace algo más de un año en 400 millones el impacto en las arcas catalanas de la eventual anulación de la licitación por parte del Supremo. Con todo, la cotizada ha calculado que la cifra supera de mucho esta cantidad, ya que está en juego saber si el Gobierno catalán deberá responde o no al lucro cesante de perder la gestión de ATLL para los próximos 45 años.

Acciona se ha visto obligado a ampliar su participación en la sociedad que creó para controlar la gestora de agua por la decisión de su socio financiero, BTG Pactual, de salir de sus negocios catalanes. Sólo mantiene a dos familias catalanas, los Rodés y los Godia, con una participación minoritaria en la sociedad. Todos ellos han mostrado su disposición a litigar para defender sus intereses en las aguas catalanas.