Las pymes del sector de la limpieza catalana han conseguido una victoria frente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de contratación pública. El litigio iniciado por la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza (Ascen), liderada por Josep Tres, ha conseguido cambiar un concurso público al probar que el pliego de condiciones apartaba a las empresas de menor tamaño en beneficio de las multinacionales.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales así lo certificó en una resolución del 24 de agosto. El pleno de la institución ha dado la razón a los argumentos de Ascen, que se apoyó en su organización estatal para interponer el recurso, Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin).

“No se aprecia mala fe o temeridad en la interposición del recurso”, indica el documento, al que ha tenido acceso Crónica Global.

Contrato de 300.000 euros

La pugna se inicia el pasado 29 de junio, cuando el ministerio abre un concurso público para adjudicar la limpieza del local ocupado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona y por la Inspecció de Treball de Cataluña.

No es precisamente un macrocontrato. Su valor estimado es de 452.975,20 euros y el presupuesto base de licitación asciende a un total de 274.050 euros. Exige una garantía del 5% para las empresas que quieran pujar por la concesión, un importe que no supone una barrera económica para las pymes. La sorpresa mayúscula para estas compañías saltó al leer la letra pequeña del pliego de condiciones.

Certificado de RSC

Se exigía a las empresas participantes disponer de una serie de certificados oficiales para participar en el concurso. El “OSHAS 18001, que acredite la disposición de sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo; el ISO 14001, que acredite que la empresa licitadora ha implantado un sistema de gestión medioambiental eficaz orientado a que se reduzca su impacto en el medio ambiente”, reza el documento,  y el “certificado SA8000 que acredite a la empresa en responsabilidad social corporativa (RSC)”.

Aquí saltaron las alarmas. “Obtener una ISO es un esfuerzo muy grande para cualquier pyme”, explica Tres, “pero es que la responsabilidad social corporativa es una cuestión que puede ser tan amplia como una compañía decida”.

Victoria de las multinacionales

Reconoce que es un campo en el que tienen todas las de perder frente a las grandes corporaciones. No cuentan ni con el músculo económico ni con el personal preparado para gestionar cuestiones como becas universitarias, patrocinios de eventos culturales o deportivos o acciones solidarias de gran impacto. “Nos ganan por la propia naturaleza de su actividad, pero nosotros les superamos en otras cuestiones como la estabilidad laboral”, señala.

Tres estaba interesado en licitar con la compañía de limpieza que lidera. Al compartir la sorpresa con el resto de miembros de la asociación se dieron cuenta de que el pliego de condiciones había generado malestar. Disponer del SA8000 no daba más puntos en la ponderación del apartado técnico, era condición sine qua non para presentar una oferta.

Defensa de la libre competencia

Analizaron la implementación del certificado en España y descubrieron que sólo 28 compañías lo habían conseguido, siete de ellas en el sector de la limpieza. “Todas ellas multinacionales”, explica el presidente de Ascen. Por lo que decidieron litigar en pro de la libre competencia.

El Tribunal manifiesta en su resolución que se debe eliminar la “exigencia de estar en posesión de la SA8000” en el pliego de condiciones porque “al tratarse de una certificación de carácter voluntario que no aportaría valor al servicio puesto que la misma se basa en acuerdos internacionales en materia laboral que ya están incluidos en la legislación correspondiente, de obligado cumplimiento”.

Esta apreciación es capital. El mediador en la contratación pública da por sentado que acreditarse en acciones de responsabilidad social corporativa no supone una mejora transcendental en el objeto de contrato, que es ofrecer un buen servicio de limpieza, como sí ocurre en el requisito en salud laboral y respeto al medio ambiente.

Recurso ante Competencia

No es el único varapalo que se ha llevado el ministerio por este concurso público. Pimec, la patronal en la que está incluida Ascen, presentó un recurso ante la Autoridad Catalana de la Competencia que también le da la razón.

La institución afirma que los "hechos expuestos por parte de esta entidad tienen una afectación en la competencia, y no parece que puedan ser objeto de una justificación válida desde el punto de vista de una buena regulación económica ni del funcionamiento competitivo del mercado”. Considera que “deberían ser objeto de revisión por parte del órgano licitador correspondiente”.

El cambio abrirá las puertas a las pymes en esta licitación.