El Gobierno británico ha puesto en marcha su artillería contra las empresas que, desde hace varios años, incitan a los turistas ingleses a que denuncien falsas intoxicaciones alimentarias tras su paso por los hoteles de los principales núcleos turísticos de la geografía española con el objetivo de percibir cuantiosas indemnizaciones. Una práctica que, según los datos que maneja Reino Unido, ha aumentado un 500% desde 2013 y de la que no se tiene constancia en otros países europeos, lo que ha incrementado sus sospechas sobre el timo de las reclamaciones.

No son pocas las medidas adoptadas por Gran Bretaña en los últimos meses. La más reciente, la suspensión de actividad de una de las mercantiles dedicadas a la estafa o empresas de gestión de siniestros (claims management companies, CMC en sus siglas en inglés). Se trata de Allsure Ltd., que animaba a los viajeros a emular los síntomas propios de una enfermedad gástrica para ser recompensados económicamente, además de exagerar las posibles indemnizaciones para atraer a más consumidores.

Investigaciones iniciadas en febrero

En concreto, según la información proporcionada por el Ministerio de Justicia británico a la que ha tenido acceso Crónica Global, las investigaciones sobre Allsure comenzaron el pasado mes de febrero y, durante varias semanas, la auditoría efectuada por un regulador de gestión de reclamaciones (CMR) constató cómo la empresa acudía a los turistas para iniciar el proceso de demanda y falsear los datos sobre su estancia en los establecimientos hoteleros.

La CMC cancelada tiene su sede en Preston (Lancashire) y ha estado operando en el sector de las reclamaciones por lesiones personales desde el 22 de abril de abril de 2014. Aunque la mercantil dispone de 28 días para alegar ante los tribunales, la suspensión de su actividad conlleva que Allsure ya no podrá llevar a cabo ningún servicio de gestión al que se venía dedicando.

16 avisos por posible fraude

Entre abril y junio, el Gobierno británico, a través de la CMR, ha investigado hasta un total de setenta empresas de reclamación cuya actividad había generado dudas. De todas ellas, 16 recibieron avisos por posible fraude en sus servicios. Es más, identificó más de 30 CMCs no autorizadas y fueron eliminadas las páginas web de seis de las empresas. Para ello, el regulador de gestión trabajó con la colaboración de la Autoridad de Regulación de Solicitantes (SRA) y de miembros de la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA), que han proporcionado información sobre las prácticas de estas entidades.

El Ejecutivo británico hace hincapié en el hecho de que las afirmaciones falsas involucren a hoteles del extranjero, donde los costes legales no están controlados, y se encuentra en pie de guerra contra las demandas “espurias”. “Nuestro mensaje a aquellos que planteen reclamaciones falsas de enfermedad por vacaciones es claro, sus acciones son dañinas y no serán toleradas”, manifestó recientemente el secretario de Justicia, David Lidington, quien advirtió de que su gabinete continuará explorando nuevos pasos a dar y se mostró “absolutamente decidido a abordar la cultura de la compensación que ha penalizado a la mayoría honesta durante demasiado tiempo”.

Otro frente abierto es el de las llamadas directas y la comercialización directa que efectúan los CMC. Es más, el Ministerio de Justicia también ha decidido cancelar la autorización de la empresa Barrington Claims Ltd. por no otorgar a los consumidores tiempo suficiente para leer los contratos a firmar y por proporcionar información engañosa durante las llamadas telefónicas.

Compañías afectadas en Baleares

En el caso de Baleares, uno de los principales núcleos afectados por esta actividad delictiva --se ha incrementado un 700 por ciento en el archipiélago--, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional emitió un informe el pasado mes de julio en el que apuntaba a la comisión de delitos de asociación ilícita y estafa. En concreto, las investigaciones llevadas a cabo por los agentes fueron impulsadas a raíz de las averiguaciones de un despacho de abogados que representa a una de las cadenas hoteleras perjudicadas, Mac Hotels.

Sólo esta compañía, cuyos establecimientos se reparten entre Palma, Alcúdia y Benalmádena (Málaga), ha recibido un millar de reclamaciones.

Concierto previo

La denuncia hace hincapié, sobre todo, en la existencia de un concierto previo entre los propios turistas y los abogados que les asesoran. De hecho, es habitual que diversos bufetes insten a sus clientes a pasar sus vacaciones fuera del país, normalmente en el Mediterráneo para, con posterioridad, presentar reclamaciones relativas a supuestas intoxicaciones alimentarias sufridas en el hotel.

No sólo ellos intervienen en el entramado: también juegan un papel fundamental los captadores de reclamaciones (claim farmers), quienes se dedican a recabar quejas para después trasladarlas a los despachos de abogados, a cambio de una comisión. Estas empresas llevan cerca de 20 años operando en Reino Unido y son muy activas en su actividad de captación en redes sociales.